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«El Chapo» ya está bajo custodia: Departamento de Justicia de EU

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El Departamento de Justicia, en la víspera de la toma de posesión de Donald Trump, confirmó que Joaquín “El Chapo” Guzmán estaba ya en custodia de las autoridades estadounidenses para ser juzgado por mútiples delitos vinculados a su liderazgo del peligroso cártel de la droga de Sinaloa. Hay procesos criminales separados abiertos en seis jurisdicciones del país, aunque, según diversas fuentes citadas, el narcotraficante está volando a Nueva York y será el tribunal federal corte del Distrito de Brooklyn el que se haga cargo.
En dicha corte, el prominente narcotraficante tiene pendiente desde julio 2009 varios cargos por conspiración para transportar cocaína y otros estupefacientes a gran escala a los Estados Unidos desde México y otros países centroamericanos. También hay procesos penales pendientes en Nueva York contra Ismael «Mayo» Zambada y Alfredo Beltrán Leyva, otros de los líderes del cártel de Sinaloa. Este último está siendo juzgado en la Corte del Distrito de Columbia.
«El Chapo» tiene además causas abiertas en California, Texas, Arizona, Illinois y Florida. Aunque Brooklyn era el más evidente para acoger el juicio, porque suele tratar procesos criminales internacionales por narcotráfico, la causa más antigua está en San Diego, que se remonta a 1995. Además de conspirar para importar estupefacientes, la lista de cargos incluye lavado de dinero, extorsión, sobornos, secuestros y compra ilícitas de armas.
Es suficiente para que pase el resto de sus días en prisión en EE UU. El narcotraficante podría ser juzgado también por homicidio, pero una de las condiciones pactadas para la extradición era que la pena máxima fuera la cadena perpetua ya que esto delitos pueden ser castigado con la pena de muerte en estados como el de Texas. El canje se produjo en plenas festividades en Washington por el traspaso de poder en la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia, que hasta ahora fue dirigido por la fiscal general Loretta Lynch, se limitó a “agradecer” al gobierno de México por su amplia cooperación y asistencia a la hora de asegurar la extradición de “El Chapo” a los Estados Unidos. El pasado mes de mayo, se dio el paso definitivo para que se produjera este desenlace, cinco meses después de que el narcotraficante fuese capturado tras fugarse de una prisión de máxima seguridad.
Durante las últimas semanas, mientras se esperaba que la extradición se hiciera efectiva tras fracasar el recurso, se especuló con California y Texas como los destinos más probables. La ciudad de Chicago, por su parte, designó hace cuatro años a Guzmán Loera como “enemigo público número uno” tras acusar al narcotraficante de ser una de las principales causas de la epidemia de violencia que se vive en sus calles, vinculada al tráfico de dróga.
Era la primera vez desde el mafioso Al Capone que la ciudad a los pies del lago Míchigan colgaba esa etiqueta a un criminal. El poder del jefe del cártel de Sinaloa llegó a tal extremo que la revista Forbes le colocó un año en su lista de grandes fortunas del planeta. Entonces se dijo que su red criminal era responsable de una cuarta parte de toda la droga que entraba en EE UU y se calculó que la trama generaba 3.000 millones de dólares en ingresos.

Fuente: El País

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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