Por primera vez en la historia de Chihuahua, la alcaldía será encabezada por una mujer, ya que el puesto se juega entre dos faldas, las de la candidata panista María Eugenia Campos y las de Lucía Chavira, quien contiende bajo las siglas del PRI.
El hecho podría considerarse en sí una victoria para las mujeres chihuahuenses. Sin embargo, las visiones de ambas candidatas coinciden en muy poco y, dependiendo quién gane, a Chihuahua le esperan proyectos y condiciones muy distintas dependiendo de quién gane.
Por un lado está el caso de Lucía Chavira, esposa del ex alcalde Marco Adán Quezada, quien fue perseguido hasta el cansancio por el tema del aeroshow, mismo que acabó en un circo en el que por un lado estaba el grupo del gobernador César Duarte haciendo hasta lo imposible por descarrilarlo en su búsqueda de la gubernatura (con beneplácito de los panistas, quienes veían fuerte al ojiverde) hasta que el pleito llegó hasta la alta dirigencia nacional priísta quien tuvo que venir a poner orden en el gallinero y respetar al menos parcialmente la voluntad de la militancia.
No obstante, Lucía ha colectado los réditos y las buenas voluntades que han dejado su esposo, su equipo y sobre todo su propio trabajo, pues tiene una trayectoria de 30 de militancia partidista y 25 en el servicio público, 15 de ellos en el DIF estatal y municipal, y además destaca en su faceta académica, pues ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua, abogada y cuenta con maestría en derechos humanos, con un papel destacado en la promoción de los derechos de las mujeres y equidad de género a través de su asociación “sumemos voces”, entre otras actividades políticas y altruistas. Aún no se define quién será su suplente, pero se espera que sea una mujer.
En el caso de María Eugenia Campos, su experiencia se ha centrado en el ámbito legislativo, donde ha destacado por ser muy “entrona”. Es soltera, pero también está emparentada por políticos pues su madre también fue diputada federal, y estudió derecho en el Tecnológico de Monterrey, donde también cursó dos maestrías, una en Estudios Latinoamericanos y Gobierno, y otra en Administración y políticas públicas, donde siempre fue reconocida como una destacada alumna y abogada.
Como funcionaria pública, tuvo un papel menor y breve como delegada de Diconsa, pero muy destacado ya que denunció públicamente el desvío recurrente de recursos por un fraude que implicaba a la industria láctea chihuahuense y a la trasnacional Reny Picot, lo cual le acarreó serias amenazas que la orillaron a renunciar para proteger su vida, dando muestra de que ‘faldas’ no le faltan, mérito que siempre ha sido reconocido incluso por sus detractores.
Otro aspecto notable es la férrea defensa que hace siempre de sus convicciones religiosas, pues forma parte de los sectores más ultracatólicos y radicales del panismo y ha dedicado gran parte de sus esfuerzos políticos en perseguir a minorías como homosexuales, y en negar su derecho a formar parejas y familias, en violaciones a los derechos humanos que le han acarreado más de un dolor de cabeza. Entre sus principales amistades y aliadas de campaña se encuentran Marcela Palos, conocida a nivel nacional por su postura radical en contra de los derechos de las mujeres, y ahora anunció que su suplente será Ana Margarita Blackaller Prieto, quien encabeza la asociación Mujeres por la vida en Chihuahua, una asociación de corte fundamentalista católico que entregó más de 22 mil firmas para impedir que las personas del mismo sexo puedan unirse ante la Ley.
Así, el Ayuntamiento de Chihuahua será encabezado por uno de estos dos proyectos tan distintos: el de Lucía Chavira que le apuesta a mejorar la calidad de vida de todos los chihuahuenses atacando los problemas de raíz y en un marco de respeto a los derechos humanos; y el de Maru Campos, quien le apuesta a gobernar más bien con Biblia en mano, a partir de preceptos religiosos radicales y mujeres que son consideradas santas por unos y fanáticas ultracatólicas por otro, pues la prioridad es defender a la ‘familia tradicional’. En suma, una visión tradicional y cerrada contra una moderna y abierta de cómo resolver los problemas de Chihuahua ¿cuál le gusta a usted?
Pasando a otros temas, una noticia que tuvo origen en el Altiplano pero con repercusiones políticas importantes sacudió (para bien) al gobernador César Duarte y su equipo, y (para mal) al candidato panista Javier Corral. Se trata de la probable separación de la procuradora general de la República, Arely Gómez, de su cargo, para ceder la estafeta al senador priísta Raúl Fernández, amigo y cercano a palacio y al mandatario.
El relevo se daría en un momento crucial, ya que apenas la semana pasada se anunciaron avances en la investigación contra el gobernador César Duarte por enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, así como uso indebido de atribuciones y facultades, pues la Unidad de Análisis Financiero de la PGR tiene indicios de que fondos federales forman parte de los 80 mil millones de pesos que el mandatario, junto a sus supuestos cómplices Carlos Hermosillo y Jaime Herrera, habrían depositado en el Banco Unión Progreso, también de su propiedad.
Surgido de una denuncia interpuesta por el activista de izquierda Jaime García Chávez y el ahora candidato a la gubernatura Javier Corral, entre otros líderes del movimiento Unión Ciudadana, el expediente cuenta ya con 95 mil páginas y al llegar este personaje a encabezar las investigaciones es muy probable que se congelen por completo, pues el asunto quedaría entre compas.
Pero ya que estamos con las transas, sigue el ojo puesto sobre la empresa Intertrafico, vinculada a políticos priístas que no sólo viola la Constitución al multar muebles y no personas, sino que también se roba la energía eléctrica que consume, incumple con la Norma Oficial Mexicana y, lo más grave, recibió el multimillonario contrato sin licitación de por medio, muy al estilo de la actual administración.
No sólo esto está de por medio. Vialidad es el segundo nicho del estado para allegarse recursos, gracias a las miles de multas que se aplican indiscriminada, y es por ello que tanto la candidata del PRI Lucía Chavira, y hasta el aspirante a la gubernatura Enrique Serrano se han pronunciado en contra de la medida impulsada por el gobernador Duarte, e incluso se presentó ya una iniciativa para derogarla. ¿En qué acabará?
Pero esta no es la única denuncia que enfrenta el gobernador. El aspirante independiente Chacho Barraza también anunció que denunciará al gobernador, pero por el turbio accidente de su helicóptero mientras paseaba por su rancho con la periodista Lolita Ayala y su esposa Bertha Gómez. Además anunció que, de ganar, desplegará auditorias administrativas y financieras para pescar irregularidades, y se fue recio contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad, basado en los acercamientos que ha tenido con los ciudadanos durante las campañas.
En el caso de Corral, ha sabido desmantelar las alianzas tejidas por el gobernador César Duarte, quien se quedó con las cáscaras y las siglas de los partidos mientras que el panista ha sabido extraerles la pulpita, y es así que ha conformado un frente con las fuerzas vivas de la izquierda, derecha, sociedad civil e incluso uno que otro priísta. El único que falta en la fórmula es Javier Félix, abanderado de Morena, quien ayer hasta compartió evento, se sentó al ladito y cortó listón al lado de Corral.
Y es que la sangre llama. Javier Félix es un expanista, descendiente del general Luis Terrazas, primo de Gustavo Madero, sobrino de María Félix, y alguna vez cercano a Francisco Barrio, a quien respaldó en el ‘verano caliente’ de 1986. También inversionista, comerciante, empresario y restaurantero, le hace a la agricultura, ganadería y minería, así como cabeza del Centro de Estudios de la Revolución Bolivariana General Luis Terrazas. Este personaje pasó de ser prácticamente un desconocido entre los chihuahuenses a ocupar 7% de las preferencias electorales, un potencial aliado contra la continuidad del duartismo.