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México

“Checo” Pérez demandó por 58 millones de pesos a Pemex

A unas cuantas semanas de que inicie la Temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1), el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez vive momentos dulces en sus primeros días como nuevo volante de Red Bull Racing, la segunda escudería más poderosa del máximo circuito.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas afuera de las pistas para el tapatío de 31 años de edad. De acuerdo con varios medios nacionales, desde 2019 Pérez mantiene una demanda por USD 2.8 millones (58 millones de pesos) a MGI Asistencia Integral, una compañía outsourcing que trabaja para Petróleos Mexicanos (Pemex), el llamado “gigante energético” del país.

Según se informa, la empresa le retiró al mexicano “el patrocinio de forma anticipada y con mala fe”, pues el pacto que comenzara en octubre de 2018 y que duraría todo 2019, cuando aún estaba con la escudería Racing Point, pero fue cortado debido al cambio de sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador aplicó una política de austeridad recortando los recursos económicos para rubros que consideró no esenciales, afectando directamente al convenio con el piloto mexicano.

En tanto, Sergio pidió una medida cautelar en la que se aseguraran las cuentas de MGI por el monto que le deben, pero el Juzgado Noveno en Materia Civil rechazó la moción.

Pero eso no quiere decir que todo esté dicho, ya que el juez Rodolfo Sánchez Zepeda dictó el pasado 9 de octubre sentencia, en la que absolvió en parte y condenó en parte a MGI. La resolución aún no ha sido publicada por el juzgado, debido a que ambas partes apelaron la sentencia ante un tribunal unitario, por lo que el caso final se prolongará por varios meses más.

En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó a MGI Asistencia Integral como una compañía que utiliza Pemex para tercerizar servicios administrativos y legales en la refinería de Dos Bocas, el proyecto energético más ambicioso de la administración de López Obrador que se construye en Tabasco, en el sureste del país.

La carrera del piloto mexicano en la F1 ha contado con el amparo del empresario Carlos Slim. El magnate ha sido uno de sus principales patrocinadores desde sus inicios en Sauber hasta en sus grandes logros como su victoria el pasado diciembre al ganar el Gran Premio de Sakhir (Bahréin).

Fuente: Infoba

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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