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México

Chiapas: indígenas tzotziles formaron “El Machete” un grupo de autodefensa

La violencia que azota a Chiapas a manos de grupos del crimen organizado y de caciques incrustados en el poder, ha llevado a indígenas tzotziles a conformar el grupo de autodefensa “El Machete” quienes el pasado miércoles irrumpieron en la cabecera municipal de Pantelhó.

La agencia de noticias Quadratín señaló que mediante un comunicado, el grupo de autodefensa pidió al gobierno federal y estatal que se abstenga de enviar a elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano para intervenir en este conflicto que el gobierno olvidó “porque ya no es tiempo”.

“El Machete” recordó que hace 20 años el municipio indígena de Pantelhó fue tomado por la fuerza por Austroberto Herrera Abarca, detenido a finales de julio del 2019, y a quien señalaron, le abrió las puertas al crimen organizado además de asesinar a unos 200 tzotziles que se opusieron a sus actividades delictivas.

Sin embargo, tras la detención de Austroberto, sus hijos Rubén y Daily Gutiérrez Herrera tomaron el control, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesó, ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales.

(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)

Acusaron a la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del crimen organizado, por lo que consideraron, continuará la violencia y derramamiento de sangre. Ante esta situación -aclararon- decidieron conformar “El Machete”.

El grupo de autodefensa también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenido por intento de secuestro, de ser integrante de un grupo armado identificado como “Los Diablos”; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.

Los campesinos y comuneros tzotziles que forman parte del grupo de autodefensa tomaron el municipio de Pantelhó con la finalidad de expulsar a sicarios y narcotraficantes, por lo que aseguraron que una vez que esté libre de los delincuentes se retirarán, ya que no buscan el poder ni el dinero.

“Tenemos paciencia, pero tiene un límite, vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo”, advirtieron.

“Aclaramos al mal gobierno que no envíe su Guardia Nacional, su ejército, su policía, porque ya no es tiempo, si vemos que envía para matarnos y detenernos es porque forma parte del crimen organizado, porque confirma que tenemos un narcogobierno, narco estado”, finaliza el comunicado.

Durante las últimas semanas, la región tzotzil de Pantelhó-Chenalhó ha sido prácticamente abandonada por alrededor de 2,000 personas, que huyen de la violencia generada por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.

(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), obtuvo documentos que señalan la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, el cual actuaría en complicidad con el Ayuntamiento para formar parte de las estructuras del poder municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con la organización, también existen testimonios sobre integrantes de esta célula del narco que utilizan vehículos oficiales de la Guardia Nacional para transitar libremente por las calles.

“Sabemos que pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, detalló el centro Frayba.

Hasta el momento se han registrado operaciones del Cártel de Sinaloa, mismo que tiene pleno control de la frontera con Guatemala; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se extiende a la costa suroccidental; y del Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la parte del sur de Veracruz.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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