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México

Chihuahua y otros estados espían ilegalmente celulares de ciudadanos

Por lo menos 12 entidades del país adquirieron junto con el Ejército Mexicano software de espionaje que es capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información, sin que tengan facultades legales para hacerlo y sin que haya evidencia de que fue utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones.
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Un estudio elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)) sustentado en más de 600 solicitudes de información pública, pone en evidencia la adquisición y uso injustificado de estos programas así como el potencial riesgo que representan para millones de ciudadanos en el país que desconocen que están siendo espiados.
De acuerdo con el estudio titulado: “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, revela que tres compañías mundiales Hacking Team, NSO Group y FinFisher, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.
El caso de la empresa italiana Hacking Team es el mejor ejemplo luego de que en 2015 se filtraran al público miles de correos y documentos internos de la compañía, los cuales evidenciaban que México era el principal comprador mundial de sus programas espías con una inversión de casi seis millones de euros.
La información filtrada reveló que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias. Se trata de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
“La gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas por lo tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, sostiene el estudio.
Tras la filtración de los documentos de la empresa italiana, algunos gobiernos en México justificaron la adquisición de dicho software bajo el argumento de que estaba destinado a sus fiscalías que son las únicas facultadas por la constitución para intervenir comunicaciones. Pero el informe de la organización R3D concluye que no hay sustento para hacerlo.
“Los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública levantan serias dudas sobre su uso legal o sobre la justificación de la inversión realizada”, indica el informe.
Engaño descubierto
En México solo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la PGR, el CISEN y la Policía Federal están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona y siempre debe de existir una previa autorización de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
Datos oficiales proporcionados por el Poder Judicial de la Federación revelan que con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado. Lo anterior significa que las 12 entidades que operan los software espía de Hacking Team lo hacen de forma ilegal.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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