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Chile aprueba Unión Civil para parejas homosexuales

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Las parejas homosexuales y heterosexuales en Chile podrán suscribirse al Acuerdo de Unión Civil desde octubre próximo, gracias a la ley promulgada este lunes por la presidenta Michelle Bachelet.

La normativa, publicada formalmente este lunes y que tiene un plazo de seis meses para su entrada en vigencia, creará el estado civil de conviviente legal, fijando un nuevo régimen patrimonial para las parejas que opten por esta unión, sin importar si son o no del mismo sexo.

El objetivo es entregar una protección patrimonial y derechos civiles para los contrayentes y regular los efectos de su vida afectiva en común, de forma estable y permanente.

«Hoy es un día en que avanzamos como sociedad (…) estamos dando un paso fundamental en este camino de derechos, de justicia, y de respeto a la libertad individual», afirmó la mandataria durante el acto de promulgación en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.

El acuerdo «reconoce y fortalece el vínculo de convivencia», apuntó Bachelet, quien señaló que «se estima que en Chile existen más de dos millones de personas que se encuentran conviviendo».

«Hoy entregamos la opción de que se reconozca legalmente esta unión y, con ello, avanzamos en dignidad, en bienestar y en protección de todas nuestras familias», remarcó.

«Lo que hacemos es abrir los brazos de todas nuestras instituciones que en algún momento se mostraron distantes, para acoger y proteger a aquellos y aquellas que hemos dejado de lado», aclaró.

Éste es, según la presidenta, «un avance concreto» para «terminar con las diferencias entre parejas homosexuales y heterosexuales».

«No queremos espacio para la desprotección, y con esto saldamos una deuda con aquellos que por querer o no poder casarse, han estado privados de prestaciones básicas», manifestó la jefa de Estado.

Según la nueva ley, los convivientes serán considerados como una familia, por lo que si fallece un miembro de la pareja que tenga hijos, el otro, (madrastra o padrastro) tendrá prioridad para cuidarlos.

El Acuerdo de Unión Civil (AUC), originalmente denominado Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), fue una de las promesas del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Sin embargo, la falta de respaldo a la iniciativa por parte de la propia coalición de derecha que apoyaba al mandatario impidió que esta legislación avanzara durante su mandato.

En su campaña presidencial y tras asumir el poder en marzo de 2014, Bachelet se comprometió a sacar adelante el proyecto, dándole la urgencia necesaria en el Congreso, con lo que logró que fuese aprobado en su primer año de mandato.

EFE

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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