La Administración General de Aduanas de China ha acusado a varias marcas internacionales de abastecer al país con artículos infantiles que podrían poner en riesgo la salud e integridad de los niños.

Según un comunicado emitido por la entidad este martes, inspecciones entre junio de 2020 y mayo de 2021 encontraron que 81 lotes de mercancías importadas de cinco categorías —juguetes, zapatos, cepillos de dientes, biberones y ropa— no calificaban en «calidad y seguridad», avisando que los productos «se destruirán y devolverán» en concordancia con las leyes y regulaciones del país.

La aduana presentó un listado con varias decenas de productos y fabricantes, que incluye nombres como Nike, Zara, H&M, Lego o Sega. En su mayoría, los artículos fueron calificados de «deficientes» por la solidez de su color, resistencia a la tracción de sus accesorios, instrucciones de uso, el tamaño de sus piezas o por contener sustancias tóxicas y peligrosas.

El informe detalla que las prendas de vestir contienen «tintes o sustancias nocivas que pueden ser absorbidas por el cuerpo a través de la piel, la boca, etc. y poner en peligro la salud». Asimismo, señala que los juguetes podrían «provocar daños en la piel y el tracto respiratorio» o hacer que los niños los ingieran «fácilmente por error y causar asfixia» o lesiones debido a un uso inadecuado. Mientras, los cepillos de dientes rechazados pueden «dañar las encías y los tejidos blandos orales», añade el documento.

El anuncio de la autoridad aduanera ocurre luego de meses de tensión entre Pekín y varias naciones occidentales, que en marzo pasado sancionaron a funcionarios chinos y a una entidad, responsabilizándolos por supuestos abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, donde se recolecta una quinta parte de la producción mundial de algodón.

La polémica en torno a esta región hizo que marcas como H&M, Nike y Adidas decidieran no comprar algodón de Xinjiang, lo que provocó actos de boicot en contra de estas compañía por toda China. Los gobiernos occidentales acusan a Pekín de retener a los uigures en campos de reeducación, mientras que China niega las acusaciones, señalando que los campamentos son centros de formación profesional y parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo.