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China exige la liberación de la directora financiera de Huawei, detenida en Canadá

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China exigió el jueves a Canadá que libere a una ejecutiva de Huawei Technologies detenida en un caso que se suma a las tensiones tecnológicas con Estados Unidos y amenaza con complicar las negociaciones comerciales entre Beijing y Washington.

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, enfrenta una posible extradición a Estados Unidos, según las autoridades canadienses. Estaría acusada de intentar evadir las restricciones estadounidenses al comercio con Irán, reportó el diario The Globe and Mail citando fuentes policiales.

La detención se hizo pública tras el anuncio de una tregua en la guerra arancelaria que enfrenta a Estados Unidos y China por la política tecnología de Beijing. Meng fue arrestada en Vancouver el sábado, el mismo día que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Argentina y anunciaron su acuerdo.

Las bolsas asiáticas cayeron tras conocerse la noticia por temor a nuevas tensiones entre las dos mayores economías del mundo que ya amenazaron el crecimiento global. El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió un 2,5% y el DAX alemán se dejó un 1,8% en las cotizaciones matinales.

El gobierno chino dijo que Meng no violó ninguna ley estadounidense ni canadiense y exigió que Canadá “corrija inmediatamente el error” y la deje en libertad.

Beijing pidió a Washington y Ottawa que “liberen de inmediato a la persona detenida” y expliquen el motivo de su arresto, señaló un vocero del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang. La detención de Meng sin una explicación sobre los cargos en su contra violó sus derechos humanos, agregó.

El Ministerio de Comercio indicó que Beijing estaba intentando evitar que el caso interrumpa los avances para poner fin a su guerra tecnológica con Estados Unidos. Un portavoz del departamento, Gao Feng, apuntó que China cumplirá de inmediato su parte del acuerdo y confía en poder cerrar un pacto comercial en 90 días, el plazo concedido por Donald Trump para demorar la imposición de nuevos aranceles.

Huawei Technologies Ltd., que es el mayor proveedor mundial de equipos de red empleados por las empresas de telefonía e internet, ha estado en el centro de serias preocupaciones de seguridad estadounidenses. Washington ha presionado a los países europeos y a otros socios para que limiten el uso de su tecnología.

Estados Unidos considera que Huawei y proveedores de tecnología chinos más pequeños son posibles frentes para el espionaje de Beijing y son competidores comerciales que, según el gobierno de Trump, se benefician de subsidios y barreras comerciales indebidas.

El aumento de los aranceles a las importaciones chinas decretado este año por Trump parte de las quejas de que Beijing roba a presiona a las empresas extranjeras para que entreguen su tecnología a socios locales. Pero las autoridades estadounidenses también están preocupadas por los planes del gigante asiático para un desarrollo industrial patrocinado por el estado que temen que pueda amenazar el liderazgo industrial de Washington.

A los líderes estadounidenses también les preocupa que Beijing emplee el crecimiento de sus empresas en el extranjero para conseguir una ventaja estratégica.

“Estados Unidos está reforzando la contención de China en todos los aspectos”, apuntó Zhu Feng, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Nanjing. Al atacar a Huawei, una de las firmas más exitosas del país, “provocará un sentimiento antiamericano en China”.

“El incidente podría convertirse en un punto de inflexión”, agregó Zhu.

El mes pasado, Nueva Zelanda impidió que una empresa de telefonía móvil usase equipos Huawei apuntando que suponía un “riesgo significativo para la seguridad de la red”. En agosto, Australia vetó a la empresa para trabajar en la red de quinta generación del país por temores de seguridad.

Fuente: AP

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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