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China se opone a nuevas investigaciones sobre el origen del Covid

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China rechazó este viernes los llamados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para efectuar nuevas investigaciones en su territorio sobre los orígenes del covid-19, alegando que apoya un enfoque «científico» y no «político» para establecer cómo se inició el virus.

Los primeros pacientes con coronavirus fueron identificados a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan (centro). Desde entonces, el virus se ha extendido por todo el planeta y dejado a su paso más de cuatro millones de muertos hasta ahora y graves consecuencias en las economías mundiales.

Los científicos están luchando por rastrear su origen. ¿Transmisión de un animal? ¿Fuga de un laboratorio chino? Pekín se opone firmemente a esta última hipótesis, ya que no quiere parecer responsable de la pandemia.

Un equipo de expertos internacionales enviados por la OMS visitó Wuhan en enero de 2021 para un estudio de «primera fase» sobre el origen del virus.

De allí salió un informe conjunto en colaboración con especialistas chinos, en el que se concluyó que el virus probablemente había pasado de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermediario. Luego, los expertos consideraron «extremadamente improbable» que el virus procediera de un laboratorio.

Pero Washington defendió esta segunda hipótesis, en un contexto de rivalidad política con Pekín y ahora esta posibilidad fue relanzada por la OMS, que el jueves pidió a todos los países, especialmente a China, que publiquen «todos los datos sobre el virus».

«Para poder examinar la hipótesis del laboratorio, es importante tener acceso a todos los datos brutos», enfatizó la OMS para quien «el acceso a los datos no debe ser de ninguna manera una cuestión política».

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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