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México

Chocan militares y pobladores en Michoacán; un menor muerto

Fuerzas federales y locales detuvieron a las 10 horas al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semei Verdía Zepeda, cuando desayunaba en la localidad costera de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán. Horas más tarde se registró un tiroteo en la cercana localidad de Ixtapilla, en el que murió un menor de edad y cuatro más resultaron lesionados, entre ellos una niña de seis años.

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La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la detención de Verdía, líder de los comunitarios de la región Sierra-Costa, fue por su probable responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tras su detención, Verdía fue llevado de inmediato a la base de la Marina en La Placita, donde fue subido a un helicóptero en el que fue trasladado a la delegación de la PGR de Morelia.

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Comuneros de Aquila aseguraron que a Semei se le invitó a una reunión con autoridades federales para hablar sobre la camioneta blindada que le prestó el gobierno tras los atentados en su contra. También se había convocado al comandante de la Fuerza Rural de Coahuayana, Héctor Zepeda, quien por alguna razón no se presentó.

Tras la detención del líder, se corrió la voz en las poblaciones nahuas de la costa y de la sierra, por lo que una hora después más de 300 comuneros bloquearon la carretera costera de Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de la comunidad de Xacalán, ubicada entre La Placita y El Duin.

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Comuneros de Aquila aseguraron que minutos después de que instalaron el bloqueo en la carretera, integrantes del Ejército mexicano realizaron varios disparos e intentaron detener a varios de sus compañeros.

Después de las 11 horas otro grupo de militares intentó detener al comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula, población nahua ubicada a unos 15 kilómetros de Xacalán rumbo a la sierra.

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Los habitantes de Ostula retuvieron a un grupo de militares, por lo que la situación se volvió más tensa cuando llegaron refuerzos de los uniformados.

Toda esa región nahua se agitó después de las 15 horas en Ixtapilla, donde se estaba gestando otro bloqueo. Se registró una balacera por parte de un grupo armado (existe la versión de que eran militares) que disparó contra la gente de la zona costera que estaba reunida.

En la balacera falleció el niño Iriberto Reyes García, de 12 años, con domicilio en la comunidad de Ixtapilla. Resultaron lesionados Melesio Cristino Dirsio 60 años domicilio en Palma Sola; Jeini Natali Pineda Reyes 6 años, con domicilio en el Duin; Horacio Valladares Manuel de 32 años con domicilio en el Zapote y Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años con domicilio en esta última comunidad. Los lesionados fueron trasladados a Tecomán, Colima.

La PGR afirmó que la detención de Verdía fue por parte de autoridades federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Michoacán.

Verdía portaba dos fusiles, uno calibre 7.62 conocido como cuerno de chivo y el otro calibre .233, además de un arma corta calibre 9mm y 69 cartuchos útiles de diferentes calibres, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la PGR en Morelia, según el reporte de la PGR.

“Por lo anterior y ante una flagrante conducta considerada y sancionada por el Código Penal Federal, Verdía Zepeda fue asegurado y puesto a disposición de la PGR para que resuelva su situación jurídica”, añadió el comunicado.

El líder de autodefensas también es investigado “por su probable participación en otras conductas que configuran delitos del fuero común y federal y que están relacionadas con la destrucción de material electoral”, señaló la fiscalía federal.

Por la noche pobladores de Ostula reunidos en asamblea acordaron reclamar justicia para el menor muerto, libertad para Verdía y designar a Germán Ramírez como comandante de la policía comunitaria.

Verdía fue detenido cuando desayunaba en la localidad costera de La Placita, municipio de Aquila, informaron comuneros de esa localidad.

Las fuentes señalaron que el líder nahua se había confrontado con el gobierno federal por la negativa de las autoridades a reconocerlo como encargado de la seguridad de esa zona, donde la delincuencia organizada también había hecho acto de presencia desde hace casi dos décadas.

El líder de las autodefensas fue aprehendido solo -aunque iba acompañado de un escolta- y fue trasladado al Distrito Federal.

Las mismas fuentes indicaron que una patrulla militar ingresó a Ostula, rompiendo el bloqueo que con vehículos habían hecho los indígenas nahuas residentes de esa comunidad.

Inicialmente Semei sólo estaba encargado de los grupos de autodefensa de Aquila y de comunidades vecinas como El Coire, Faro de Bucerías, El Duin, entre otras.

No obstantes después de que fuerzas federales detuvieron al dirigente de las guardias comunitarias de Aquila, Agustín Villanueva, a mediados de agosto de 2013, amplió su liderazgo hasta Chinicuila, Coahuayana y por todo el municipio de Aquila,

Semei fue gente cercana de José Manuel Mireles, hasta junio de 2014 que fue detenido el líder de autodefensas de Tepalcatepe en la costa del municipio de Lázaro Cárdenas.

El líder de autodefensas tenía en posesión una camioneta blindada que le había prestado el gobierno.

El 31 de mayo fue detenido el alcalde Juan Hernández Ramírez, acusado de haber mandado asesinar a Semei Verdía. Se presume que fue llamado a declarar, o bien porque se acusado de algún delito, incluyendo de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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