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México

El chofer de Cabify mató a Mara Castilla en un motel y luego tiró el cuerpo, dice Fiscalía de Puebla

Ricardo Alexei, el chofer de Cabify, llevó a Mara Castilla a un motel, donde la mató, después la regresó al vehículo y la tiró en el lugar donde el cuerpo de la joven fue hallado, confirmó esta tarde la Fiscalía del Estado.

En conferencia de prensa, el Fiscal del estado informó que el pasado 8 de septiembre el chofer de Cabify llevó a Mara a su domicilio, sin embargo, como lo comprobó una cámara de seguridad, la joven nunca descendió del vehículo, por lo que se cree que pudo haberla dormido.

Posteriormente, se la llevó al motel El Sol, en la 11 Sur, ceca del domicilio de Mara, donde la mató. Envolvió el cuerpo de Mara en sábanas y después la subió al vehículo. Posteriormente, condujo hasta el punto donde el cuerpo de la estudiante fue localizado.

De acuerdo con la información recabada, Ricardo Alexei tenía aproximadamente un mes siendo conductor del servicio de transporte privado. Tras cometer el crimen, se quedó con el teléfono móvil de Mara, con el que las autoridades lograron localizarlo esta semana.

El Fiscal aseguró que este crimen se tipificaría como feminicidio. Pero hasta esta mañana, el chofer seguía en prisión preventiva por el delito de privación ilegal de la libertad.

La empresa de transporte privado ofreció sus condolencias a la familia de la joven estudiante y exigió castigar con todo el peso de la ley a Ricardo Alexei, quien hasta el momento se encuentra en prisión preventiva. Pero voces en las redes sociales se preguntan cuál es la responsabilidad de la empresa, que se ha vendido como “segura” y como “opción” a los taxis tradicionales.

El secuestro de la joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) ha desatado una ola de indignación no sólo en Puebla, sino en todo el país. La estudiante tomó un taxi Cabify que, se supone, son seguros, pero nunca llegó a su casa. Desapareció y la policía no tardó días en establecer por qué, cómo y en dónde estaba.

El caso también ha desatado un debate sobre ese tipo de transporte, que se vendió como seguro y así entró a las ciudades de casi todo el país. Pero esa afirmación se ha derrumbado con el caso de Mara Castilla y con otros: los ciudadanos tampoco están seguros en los servicios de transporte personalizados.

La UPAEP se pronunció ayer en contra de la violencia creciente en Puebla. Exigió una investigación a fondo del caso y la aparición de la estudiante. Por desgracia, esta mañana ya estaba muerta.

“Hace una semana Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de Ciencias Políticas de la UPAEP, fue privada de su libertad y hasta este momento no sabemos dónde está, ni en qué condiciones se encuentra. Sólo sabemos que fue arrancada de su familia, de su entorno y de la universidad”, expresó la casa de estudios en un comunicado.
Agregó que ante la escalada de inseguridad y violencia que continúa en el estado, gobernador por panista Antonio Gali Fayad, “la comunidad universitaria exige la acción pronta y expedita de la justicia” para que la joven de 19 años regrese con bien a su hogar.

Ayer, los compañeros de Mara salieron por las calles aledañas a la Fiscalía y al campus de la casa educativa para exigir la aparición de Mara Castilla.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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