Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignados para el caso Ayotzinapa, presentaron este lunes el tercer informe que sugiere una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso.
El grupo interdisciplinario de expertos expresó su preocupación por la fragmentación y detalló en conferencia de prensa que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.
«Hay un grupo numeroso de detenidos que nos dijo que había sufrido malos tratos y tortura. Nosotros contrastaremos las versiones», detalló el experto, Carlos Beristain.
El especialista del grupo, precisó que la dispersión de la investigación le resta eficacia y dificulta el adecuado acercamiento al proceso de los implicados y agregó que sigue a la espera de la entrevista con los soldados del 27 batallón, en Iguala, con el objetivo de contrastar los datos y tener su visión de los hechos.
«Sobre señalamientos de tortura de detenidos, hemos recogido la información y lo contrastaremos con informes médicos. Nos han asegurado que el proceso de búsqueda sigue y hay voluntad de la policía federal», detalló el experto.
Beristain afirmó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada y no como secuestro y que se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes. «La búsqueda de desaparecidos debe ser lo principal y hay que dar respuesta coordinada», aseveró.
Claudia Paz aclaró que durante su permanecía en México y sobre las labores de investigación que buscan dar claridad al caso de la desaparición y presunta ejecución de los 43 estudiantes normalistas, hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no han recibido ningún tipo de amenaza.
«Pedimos que acumulen causas para que un juez pueda conocer la integralidad de los hechos», agregó Paz.
Añadieron que entre los últimos avances destaca la apertura de un canal de comunicación entre familiares de los normalistas y autoridades al reconocer que la relación entre las familias y la Procuraduría General de la República (PGR) era nula.
Los expertos informaron que en su última semana de actividades, a finales de mayo, se reunirán con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Fuente: El Economista