Conecta con nosotros

México

Cierran permanentemente Puente Grande, penal del que se fugó ‘El Chapo’ en 2001

Una de las prisiones más emblemáticas del país, por ser de donde logró evadirse por primera vez el narcotraficante sinaloense, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias «El Chapo», en enero de 2001, cierra sus puertas a partir de este lunes.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publica el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 2, “Occidente”, ubicado en Puente Grande, Jalisco.

La disposición en firmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, con fundamento a facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Reglamento Interior de la SSPC.

Prevención y Readaptación Social realizará las acciones tendientes al cierre del Cefereso número 2 “Occidente”, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco”, se indica en el artículo 2 del Acuerdo.

En cuatro artículos principales y otros cuatro transitorios, el Gobierno de México determinó que a partir de este lunes se desincorpora la prisión federal y se tomarán medidas para reubicar a la población penitenciaria, a su personal administrativo y de custodia.

Las personas privadas de la libertad que alberga el Cefereso 2 “Occidente” serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”, se establece en su artículo tercero.

En el cuarto de indica que los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Cefereso 2 “Occidente”, se respetarán conforme a la Ley, por lo que serán reubicados en otros centros que determine el Comisionado, de acuerdo a las necesidades de servicio de la institución.

El primer transitorio establece que el Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el DOF; mientras que los trámites pendientes relacionados con procedimientos y procesos seguirán su curso normal ante la autoridad penitenciaria correspondiente, se establece en el segundo transitorio.

Los trámites y acciones para determinar el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Cefereso 2 “Occidente”, haciendo uso de recursos materiales y humanos, estarán a cargo del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, determina el tercero transitorio.

Por último, será la SSPC quien determine el destino final de las instalaciones del Cefereso 2 “Occidente”, de Puente Grande, se indica en el cuarto transitorio.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto