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Cierran tiendas y centros de trabajo por incumplimiento al decreto de reducción de movilidad

Las cadenas comerciales Coppel y Elektra, entre otras, que no se ajustaron a la restricción de horario fueron cerradas. Así lo informó Ignacio Castro, titular de Gobernación en la Zona Norte.

Sin embargo, aclaró que en su gran mayoría el comercio formal ha cumplido con las disposiciones de restricción sanitaria.

Asimismo, informó que se han notificado refaccionarias y ferreterías que mantenían atención a la ciudadanía, quienes argumentaron que no estaban enterados de dicha acción, a cual accedieron a cerrar y volver operaciones hasta el lunes.

El titular de Gobernación en la Zona Norte, manifestó que también se recibieron quejas en cuanto a puestos ambulantes, pero éstos son correspondientes a la Dirección de Regulación Comercial del Municipio.

Fue enfático al decir que no hay organización gubernamental que realice el cierre de locales y se levante una sanción económica por no respetar la restricción.

Castro resaltó que este departamento verifica que los lugares que no se marcan como primordiales, no se encuentren dando atención a la ciudadanía los fines de semana, atendiendo las denuncias reportadas al 911.

Por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Juárez (COESPRIS), precisó que en su participación en Células Mixtas al momento han visitado 25 negocios, resultando 19 desalojos de éstos.

Maribel Prospero, titular de la COESPRIS en Juárez, detalló que dentro de los desplazamientos se encuentran: negocios ambulantes de alimentos, distribuidora de belleza, lavandería, Banco Azteca/Elektra, Hágalo, Coppel, barbería y ferretería.

Esta dependencia está encargada en la revisión de los comercios esenciales, en caso de no serlo, procede en el cierre, sin clausura y se le adhiere el sello de actividad no esencial.

Relacionado a la Inspectoría del Trabajo, Fernando Granados encargado de esta dependencia en Juárez, declaró que hasta las 17:00 horas se habían recibido aproximadamente 23 denuncias, las cuales ya se habían atendido 16 hasta esa hora y aún estaban en el proceso de continuar con las faltantes.

“La mayoría son relacionadas a que tienen a las personas trabajando dentro de las empresas a puertas cerradas, por lo que se falta al acuerdo de no laborar fines de semana”, detalló

Señaló que debe de quedar claro que sábados y domingos sólo pueden atender los que tengan fines de salud, pedidos de alimentos mediante plataformas con entregas a domicilio.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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