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CIUDAD JUÁREZ I911. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN por VICTOR OROZCO

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CIUDAD JUÁREZ 1911. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN

 

 

Al triunfo revolucionario, sellado con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, le siguió una situación llena de contradicciones. El primero de los reproches, venido del campo revolucionario, es que se modificaba el Plan de San Luis Potosí, en varios puntos claves: se reconocía la legitimidad del Presidente Díaz, el jefe de la revolución no asumía el carácter de presidente, no se juzgaría a los funcionarios federales, nada se decía sobre la devolución o restitución de tierras usurpadas a los pueblos,  no se sometió a juicio sumario a los militares que ordenaron el fusilamiento de prisioneros revolucionarios (el caso más patente fue el del general Juan J Navarro, jefe de la guarnición de Ciudad Juárez), se ordenó el licenciamiento de las tropas revolucionarias.  Francisco I Madero se defendió de la crítica señalando que la revolución había triunfado y lo mejor era ser magnánimos y esperar al establecimiento del nuevo régimen para iniciar los cambios.

 

Quizá tenía razón, pensando en el liderazgo nacional indiscutible que adquirió personalmente después de la caída de la dictadura. Ello le permitiría acceder al poder con una legitimidad indiscutida. La revolución trastocaba el viejo régimen, (se suponía) pero lo haría dentro de la ley, puesto que el tránsito de un gobierno a otro seguía rigurosamente el mecanismo constitucional: renuncia-interinato-elecciones-nuevo presidente. Así pensaba el caudillo- demócrata. El problema estribaba en que el triunfo no se había alcanzado por la vía pacífica, sino por la lucha armada. Y los impulsores y sostenedores de ésta, no estaban para recibir las gracias y un bono de puras esperanzas u ofrecimientos para las demandas alzadas en el curso de la lucha. Muchos de los más fieles seguidores del presidente Madero como Máximo Castillo lo abandonarían y otros no se irían a las filas de los inconformes básicamente por rencillas viejas con alguno de sus dirigentes. Fue el caso de Francisco Villa, enemistado con Pascual Orozco, quien encabezó la insurrección antimaderista en 1912.

 

Se olvidó igualmente una lección fundamental del triunfo liberal en 1861. En ese año, la primera medida tomada por la revolución fue la disolución del ejército profesional, que descendía del realista y había ejecutado el golpe de estado de 1857.  En 1911, no se quiso o no se pudo hacer lo mismo, puesto que la fuerza armada porfirista no había sido derrotada militarmente, sino paralizada por su incapacidad para enfrentar al mismo tiempo a los levantamientos que surgieron en buena parte de la geografía nacional.  Apenas un mes después de la firma de los convenios, Abraham González, el flamante gobernador provisional de Chihuahua expedía una proclama en la que sostenía: «Ex Revolucionarios y soldados del Ejército Libertador: Al lanzarnos a la lucha para conquistar nuestras libertades siempre tuvimos presente que los soldados federales eran parte integrante del pueblo y hoy,  ellos como todos los buenos conciudadanos mexicanos , cooperan al sostenimiento de los altos principios conquistados  y, por lo mismo son acreedores a nuestras más sinceras consideraciones»        

    Era el mismo mensaje que difundía por toda la República Francisco I Madero, el líder de la revolución. A su triunfante paso por pueblos y ciudades desde Piedras Negras, Coah., de donde partió el 3 de junio de 1911,  hasta la Ciudad de México, insistía una y otra vez en su optimismo desbordado. La revolución había concluido, ahora todos eran hermanos en los mismos ideales. Quizá le faltaba sufrir las tribulaciones mayores con la rebelión zapatista que no cesaba en los pueblos de Morelos, donde apenas comenzaba a crecer y a tomar forma. El 29 de noviembre de ese año se abanderaría con el Plan de Ayala, tornado después en un símbolo de las luchas campesinas.  En Chihuahua igualmente crecían el malestar y las inconformidades entre sus seguidores y aliados. Este desasosiego se convertiría en una insurrección armada nueve meses después, bajo un programa radical escrito en el Plan de la Empacadora, del 25 de marzo de 1912, que recogía puntualmente las demandas del movimiento social generado en la entidad y en otras zonas del país.

           

Por lo pronto, apenas huido el dictador,  se produjo una especie de eclosión democrática, en la cual distintos sectores y grupos sociales se estrenaron en la práctica de expresar libremente sus inquietudes, demandas e inconformidades. La revolución cumplía su primera tarea, el derrocamiento de la dictadura y la apertura hacia un horizonte de libertades.  Esto implicó la apertura de una gran brecha por donde se precipitaron las aguas estancadas por décadas. La ciudad de Chihuahua y otros varios sitios en los cuales se habían manifestado conflictos sociales muy pronto ardió en actividades hasta ese momento desconocidas. Surgieron clubes políticos por doquier, se eligieron directivas, se publicaron folletos, el suntuoso Teatro de los Héroes, antaño reservado a las familias de la élite, se llenó de trabajadores quienes asistían a convenciones, conferencias, funciones dramáticas. Ideólogos y luchadores sociales encontraron las plazas y auditorios llenos de atentos escuchas, por primera vez en sus azarosas carreras de perseguidos, sin el temor de caer en las crueles cárceles porfiristas. Los desfiles y marchas obreras o políticas se integraron al paisaje social, ante la incredulidad o la sorpresa de la población, incluso de los mismos manifestantes, quienes comenzaron a descubrir su propia existencia política.

 

Los trabajadores tranviarios declararon la huelga por aumento de salarios y les siguieron empleados de comercio por el descanso dominical y a quienes se les obligaba a trabajar los siete días de la semana, después los panaderos, las obreras de la fábrica de ropa La Paz, también de la fábrica de hilados y tejidos La Concordia, cuyos operarios demandaban la reducción de la jornada de trabajo de 12 o 14 horas diarias a diez. En Madera, estallaron varios conflictos  entre los trabajadores del aserradero -el más moderno de América Latina, según presumía su dueño el coronel William Green, conocido represor de los mineros de Cananea, Sonora, cinco años antes- . Incluso hubo confrontaciones violentas con trabajadores norteamericanos, por la discriminación que sufrían los mexicanos. También hubo huelgas en la fundición de la American Smelting Company (ASARCO) en Avalos, población contigua a la ciudad de Chihuahua, compuesta por una sección privilegiada donde vivían los norteamericanos y por otra destinada a las barriadas obreras.

Pronto se planteó la necesidad de coordinar estas luchas, empezando por la solidaridad económica, porque los trabajadores en activo sostenían a los huelguistas. Se propuso que las huelgas fueran escalonadas, con el fin de garantizar el suministro de víveres a las familias de quienes no recibían salario. Finalmente, se dio un paso trascendental en la organización de la clase obrera mexicana, cuando el de 5 julio de 1911, las agrupaciones obreras de la ciudad de Chihuahua hicieron un llamamiento a los obreros de la República Mexicana a constituir una Confederación Nacional de Trabajadores «que luche por la emancipación del proletariado» y a la que podrían integrarse «Todos los hombres y mujeres que se ganen el sustento con su propio trabajo». Se proponía en el documento la instalación de una oficina central de la Confederación, encargándose provisionalmente de ella con el carácter de  miembros del Comité Nacional Organizador a Juan Sarabia, Antonio I Villarreal y Paulino Martínez, conocidos militantes del Partido Liberal Mexicano. Igualmente se incluían otras propuestas estatutarias para la futura organización. La temprana convocatoria de los obreros de Chihuahua a sus camaradas de todo el país, terminaba con una vehemente exhortación: «Apresuraos obreros a agruparnos en la «Confederación Nacional de Trabajadores» y así seréis, hoy, fuertes en el seno del unionismo y, mañana, libres y felices en el seno de una sociedad igualitaria y justa, que habréis tenido la satisfacción de crear con la tenacidad de vuestro empuje, con el fuego de vuestra abnegación».  Firmaron el documento las siguientes agrupaciones: Unión de Tipógrafos Gutenberg, Unión de Sastres, Unión de Carpinteros, Unión de Caldereros, Unión de Moldeadores, Unión de Canteros y Albañiles, Unión de Mecánicos, Unión de Obreras de «La Novedad», Sociedad Nicolás Bravo de Panaderos, Sociedad Cuauhtémoc de Jornaleros y Sociedad Zaragoza de Sastres.

Todas estas expresiones de un movimiento social en ascenso, muestran la enorme relevancia que tuvo la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios y la caída de la dictadura. De allí en adelante nadie podía dudar que en México se puso en marcha una verdadera conmoción social, compleja, llena de ambigüedades y visiones encontradas, en la que convivieron el caudillismo militar, las militancias radicales, los prejuicios racistas, el antinorteamericanismo, los odios de clase, los anhelos de emancipación y de grandeza nacional, el altruismo y la entrega a la causa de la justicia, el valor personal llevado hasta la temeridad, el despliegue de las utopías y la búsqueda de todas las liberaciones: del poder político, del económico, del religioso. Así fue nuestra revolución.

 

 

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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