Conecta con nosotros

México

Clausuran Soriana en donde compraban con la tarjeta del PRI

El Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno del Distrito Federal (Invea-DF) informó que el centro comercial Soriana, ubicado en la colonia Juan Escutia, perímetro de Iztapalapa, fue verificado y sancionado por la autoridad delegacional debido a que carece de medidas óptimas en materia de protección civil.

El inmueble fue revisado el lunes pasado y, un día después, se envió la orden de suspensión, por lo que esta tarde fueron colocados los sellos de clausura.

La orden de verificación fue facultad directa de la delegación Iztapalapa, que autoriza que los verificadores del Invea-DF acudan al lugar y realicen los trámites para la suspensión.

Fue justo en esa tienda departamental donde cientos de personas, principalmente del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, acudieron hoy a canjear por productos las tarjetas electrónicas que les entregaron supuestos dirigentes y promotores del voto del PRI, antes y durante la jornada electoral del domingo anterior.

Sin embargo, los residentes de Nezahualcóyotl han comprobado, cuando intentan pagar la mercancía que escogieron, que las tarjetas no tienen el saldo de mil 500 o mil pesos que les ofrecieron los promotores del voto.

En algunos casos sólo tienen 100 pesos de saldo y en otros la tarjeta está en ceros.

A cambio de que votaran por los candidatos del PRI, los vecinos recibieron de personas ligadas a ese instituto político la tarjeta electrónica.

“El PRI estuvo regalado tarjetas de Soriana con un valor de mil a mil 200 pesos, pero en realidad traían 100 pesos, te la daban a cambio de tu voto”, reveló Luis Antonio Fierro Jiménez, un residente de ciudad Neza.

“Son muchísimas tarjetas, hay gente que trae 30 o 40 tarjetas y algunas de costos de 100, 200, mil 500 y hasta 2 mil pesos; la tarjeta a mí me la dieron el domingo a las 11 de la mañana, las empezaron a dar el jueves por la noche y el viernes, todo en un blindaje extraordinario porque te pedían hasta pasar a dentro de tu casa para entregarte la tarjeta.

“En algunos casos te preguntaban si tenías conocidos que te entregaran una copia de su credencial y con eso te entregaban una tarjeta”, contó.

En ese municipio del Estado de México, añadió, entregaron al menos una tarjeta a cada persona de la tercera edad.

“Eran muchísimas, la mía traía cien pesos. Ellos me especificaron que mi tarjeta podría traer 500 o mil pesos, no fue así, pero me tocó ver en el verificador de tarjetas que había tarjetas con saldos de 500, de 600, una de 700 y de 100 pesos, y algunas más que venían en ceros”.

1 Comentario

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto