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México

CNDH indaga a infiltrados; a un mes del caso Nochixtlán

Disparos de civiles armados, ajenos a la autoridad y a la disidencia magisterial, son parte de las líneas de investigación que agota la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los enfrentamientos y el tiroteo en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, que dejaron un saldo de ocho muertos.

En una reunión que sostuvo con legisladores federales, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló que trabajan en establecer “si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles; si los elementos de la Policía Federal se habrían hospedado en algún hotel, como se ha señalado, propiedad de algún familiar de funcionarios de Nochixtlán”.

También “si hubo infiltrados entre personas de la comunidad que habrían disparado primeramente contra los policías federales. Y si los policías federales no observaron los protocolos de actuación y dispararon sin intentar dialogar con las personas”.

Se indaga a posibles infiltrados y tiradores

Afirma el ombudsman nacional que ya solicitó las pruebas periciales en balística; Oaxaca se negó a cooperar.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó al Congreso de la Unión que trabaja un sinnúmero de líneas de investigación del enfrentamiento ocurrido en Nochixtlán, entre ellas la existencia de infiltrados y tiradores civiles, por lo que solicitó ya los periciales balísticos realizados.

Durante la reunión pública que sostuvo con senadores y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, hace un mes, reveló que la Comisión Nacional de Seguridad le entregó ya la información requerida sobre la decisión de aplicar un operativo, el diseño que se hizo, los protocolos de actuación que siguieron y si los elementos policiacos se apegaron a los estándares internacionales en esas acciones.

De igual forma, el ombudsman nacional criticó los afanes de desacreditar a la CNDH, a pesar de que ha estado presente en Nochixtlán desde el día de los enfrentamientos y ha contado con el respaldo de los líderes de la comunidad para hacer su trabajo, pues expresó “ha habido voces, también debo decirlo, que han querido desacreditarnos, ¿cómo?, por ejemplo, que somos infiltrados de la PGR. Eso no ayuda a las instituciones y no ayuda a la investigación. No se trata de colgarnos ningún mérito, sino de cumplir el trabajo”.

Señaló que la única autoridad que se negó a entregarle información fue la Fiscalía General de Oaxaca.

González Pérez reveló que existe un “sinnúmero” de líneas de investigación, pero se centró en nueve, entre ellas “es si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles; si los elementos de la Policía Federal se habrían hospedado en algún hotel, como se ha señalado, propiedad de algún familiar de funcionarios de Nochixtlán; que si hubo infiltrados entre personas de la comunidad que habrían disparado primeramente contra los federales”.

 

 

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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