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CNDH registra 90 mil desplazados en el país

Los actos de violencia generada por el crimen organizado, pero también por las diferencias étnicas y religiosas generaron el desplazamiento de su lugar de origen de al menos 90 mil personas en los últimos años.

Édgar Corzo Sosa, visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó al Senado el informe sobre el desplazamiento interno y precisó que existen varios registros, realizados por instituciones federales y estatales.

La CNDH detectó mil 784 personas desplazadas, pero ellas refirieron conocer un total de 35 mil 433 víctimas de este desplazamiento; además, los gobiernos estatales y municipales reportaron 30 mil 377 personas desplazadas; los organismos de derechos humanos estatales reportan siete mil y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registró entre 2006 y 2007 a 16 mil 92 personas desplazadas, entre otras cifras que se han entregado; así, se observa que en estos años se han reconocido al menos 90 mil personas en condición de desplazamiento interno.

El informe muestra que al menos son 49 las localidades de nueve entidades federativas que expulsan a sus habitantes, como consecuencia de la violencia. Los estados son Chiapas, con dos; Chihuahua, con siete; Guerrero, con 11; Jalisco, una; Tamaulipas, dos; Michoacán seis; Durango, tres; Veracruz, una y Oaxaca una más.

La más numerosa es Sinaloa, con 18 localidades, que son Ranchería La Noria, Ojo de Agua Las Palmillas, Tecomate de la Noria, Tiro, Comunidad La Mesa, El Zapote, El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco, Los Laureles, Corral Quemado, La Ladrillera, Zaragoza, Cieneguilla, Platanar de los Oliveros y El Llano.

También muestra que en el universo de mil 784 personas que reportaron a la CNDH haber sido obligadas a desplazarse de su lugar de origen, 441 dijo que fue por actos de delincuencia; 16 por conflicto religioso; tres por conflicto de tierra; 10 por conflicto entre familias; 66 no especificaron y mil 248 dijeron que hubo un desastre natural.

Derechos Humanos

Frente a los senadores y a las organizaciones sociales que acudieron a convocatoria de la panista Gabriela Cuevas, Édgar Zorzo Sosa precisó que se trata de un problema que existe en México y que directa o indirectamente está vinculado con múltiples violaciones a los derechos humanos y que requiere ser visibilizado, debidamente dimensionado y atendido.

Recordó que los desplazamientos internos en el país no siempre son consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales, pero la violencia, inseguridad, impunidad y, en términos generales, la debilidad del Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar, no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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