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México

‘CNDH, sin autoridad moral por silencio en violaciones a DH’

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, calificó de «hipócrita» la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que nunca hizo nada por denunciar los abusos cuando el estado mexicano era el principal violador de las garantías fundamentales.

Al recordar casos lamentables como el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 2009 y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, perpetrada en 2014, el presidente de México cuestionó duramente el papel del organismo autónomo en tragedias como las señaladas e hizo un señalamiento respecto al cambio en la forma de trabajo que tuvo la comisión encabezada por Luis Raúl González Pérez una vez que inició la presente administración federal.

El presidente consideró que si bien respeta al organismo y éste puede tomar sus propias decisiones, no es lógico que se emita una recomendación contra su gobierno por el caso de las estancias infantiles y el mismo organismo no haya hecho nada para impulsar el castigo a los responsables de la muerte de 49 bebés.

«Yo a la Comisión de Derechos Humanos le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el estado era el principal violador de los derechos humanos; entonces, ahora con nosotros actúan de otra forma, de todas formas es su trabajo y lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía, no es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que se busca es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la Guardería ABC» destacó el jefe del ejecutivo federal.

El presidente de México sostuvo que se trata de «el mundo al revés» porque quienes defienden derechos humanos están promoviendo una posible violación a los mismos en la recomendación 29/2019, además de que se defiende el sistema de la subrogación.

En cuanto a la interposición de acciones de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia nacional, el presidente López Obrador se expresó en el mismo sentido de que respeta el actuar de la CNDH, pero estima que sus resultados han sido escasos frente a casos que han conmocionado al país.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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