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México

CNDH solicita emitir alerta de violencia de género en Puebla

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Puebla, con el fin de que se implementen medidas urgentes de frente al contexto de violencia feminicida en esta entidad.

El ombudsman nacional solicitó a la presidenta de Inmujeres y secretaria ejecutiva de dicho sistema, que en todo el estado de Puebla sea declarada la alerta de violencia para que las autoridades de dicha entidad cumplan con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida, en el marco de los derechos humanos, y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia.

Lo anterior, basado en el hecho de que las defunciones por homicidio de mujeres en Puebla han aumentado desde 2013, no obstante lo cual, las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos 3 años han sido comparativamente pocas. Tan sólo durante 2017, según fuentes hemerográficas, se habrían registrado hasta el mes de septiembre 83 feminicidios.

De manera adicional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) reveló que la violencia que sufren las poblanas por parte de su pareja es superior a la media nacional (44.3%): es decir que 4 de cada 10 mujeres poblanas de 15 años o más han experimentado violencia por parte de su pareja. El 64.3% declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que implica que aproximadamente seis de cada 10 poblanas mayores de 15 años ha sufrido violencia.

La CNDH destacó que la gravedad de los casos pone de manifiesto la necesidad de que Puebla cuente con la declaratoria de alerta de violencia de género y con ello se propicien las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida presente en la entidad, teniendo en cuenta sólidos criterios metodológicos, presupuestales, de diseño, de ejecución y de evaluación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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