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CNDH solicitó traslado de Mario Aburto, asesino de Colosio, a un penal cerca de su familia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó este viernes algunas medidas cautelares al Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, para “salvaguardar la vida, seguridad, integridad física” de Mario Aburto Martínez, preso en 1994 por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Uno de los puntos que busca esta institución es su traslado a un penal más cercano a su familia, derivado de una llamada telefónica hecha por Rubén Aburto Martínez, hermano de Mario, quien actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social N° 12 CPS Guanajuato.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, en el diálogo vía telefónica se aseguró que en dicho penal no se le proporcionan alimentos, ni atención médica tras su contagio por COVID-19 luego de ser trasladado al CEFERESO de Huimanguillo en el que se encuentra desde enero de 2021.

En cuanto supo estos detalles por parte de su hermano, el órgano autónomo se entrevistó con Mario Aburto, quien señaló que en la cárcel donde se encuentra no existe separación entre procesados y sentenciados, situación que provocó el pleito con un interno, el cual intentó echarle a la población encima por haber sido declarado culpable del asesinato del candidato priista en marzo de 1994.

Derivado de esta situación, la Comisión Nacional refirió que los procesados o sentenciados deben conservar su derecho a tener contacto con sus familiares y amigos, por lo que se les deben respetar los derechos de no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, a comunicarse con el mundo exterior, y a conceder la petición de un recluso de ser encarcelado en un centro cercano a su domicilio.

“La CNDH reitera que favorecer la circunstancia de que los internos se encuentren en centros cercanos a su domicilio, denota que la separación entre el fuero federal y local no constituye una categoría de clasificación prevista constitucionalmente; por el contrario, el texto constitucional prevé la celebración de convenios para la extinción de penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, esto también de conformidad con los criterios de la ONU”, se lee en la información oficial.

Dichas medidas cautelares fueron notificadas a Ávila Pérez el jueves 6 de mayo, por lo que la CNDH se mantendrá pendiente a la respuesta por parte del OADPRS. En caso de ser aceptadas se les dará seguimiento para su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten sus derechos humanos.

Asimismo, la dependencia recordó que el derecho a la salud considera no sólo la idea de curar enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que el entorno físico y social la persona en cuestión adquiere una nueva relevancia dentro de este derecho.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, Laura Sánchez Ley, periodista y autora del libro “Aburto: testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo”, publicó en su cuenta de Instagram una nota que Mario Aburto le hizo a su obra. La comunicadora de origen tijuanense se dijo intrigada por “cómo se van y cómo regresan nuestras letras” y a continuación agregó un primer apunte que el asesino confeso hizo a su libro.

“Me intriga mucho cómo se van y cómo regresan nuestras letras. Hace un par de años escribí un perfil sobre Mario Aburto, el asesino confeso de Colosio. Hace unas semanas Aburto me regresó mi libro con sus ediciones. Luego les cuento con detalle qué escribió.? Acá les dejo la primera anotación que hizo a mi libro.

“La sociedad tiene derecho a opinar, pero sobre todo… a conocer la verdad. Porque la realidad supera la ficción se invita al amable lector a convertirse en un verdadero investigador y desenmascarar juntos a los verdaderos culpables de acuerdo a las pruebas y evidencias que aquí les comparto y que nunca se quisieron dar a conocer a la sociedad por parte de las autoridades de esos tiempos porque eran parte de ‘UN SUPUESTO CRIMEN DE ESTADO’”. se lee en el mensaje firmado por Mario Aburto Martínez y fechad el 21 de octubre de 2017.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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