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Coahuila no tiene capacidad para atender a migrantes, reconoce gobernador

Coahuila no está preparado para recibir más migrantes, ni tampoco tiene la suficiencia presupuestaria para su atención, aunque la realidad es que se está haciendo un esfuerzo, en coordinación con la sociedad civil, para que tengan un trato humanitario, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

La caravana de unos mil 800 migrantes que llegó a Coahuila y los que siguen llegando, son atendidos desde un principio a su arribo a Saltillo y posteriormente en los puertos fronterizos de Piedras Negras y Acuña, aclaró.

El día de ayer, además de alimento, se les entregó ropa y cobijas, porque la temperatura tiende a bajar.

En los albergues hay mil 800 personas; 400 menores, de los cuales 70 no vienen acompañados y tienen un trato especial, por lo que se piensa ya en su retorno asistido, que es una opción que ofrece el Instituto Nacional de Migración.

Entrevistado en el acto de entrega de escrituras a familias sampetrinas, dijo que los migrantes centroamericanos son personas que buscan asilo en los Estados y tienen la intención de entregarse por voluntad propia a las autoridades estadounidenses.

Comentó que esto es algo nuevo para el Estado, realmente no eran esperados, pero están siendo atendidos en coordinación con las autoridades federales, para que puedan alcanzar su visa humanitaria.

Por ahora se inició el proceso de depuración para conocer quiénes tienen que regresar a su país de origen, quiénes tienen la posibilidad de que sean revisados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y quiénes pueden quedarse a trabajar en México, no solo en Coahuila, sino en otros Estados.

Los migrantes decidieron llegar a la zona fronteriza de Coahuila, por ser los alrededores de Eagle Pass una sección relativamente abierta que carece de barreras altas como las existentes en Tijuana.

Riquelme previó en unos 15 días cerrar los albergues en Piedras Negras y Acuña y no dar paso a más caravanas de migrantes.

De lo que se está al pendiente, es de que las caravanas de migrantes no sean dirigidas a Coahuila, ya que existen fronteras que tienen una mayor infraestructura, apuntó.

Se prevé que para el miércoles se terminen de registrar y obtengan su visa humanitaria, lo que permitirá tomar decisiones y sacar pequeños grupos y prevenirlos de que no vayan al río, sino directamente a la Aduana.

El gobernador anunció que este viernes de nueva cuenta estará en Piedras Negras, a fin de tomar decisiones conforme se presenten problemas sobre este tema.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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