Conecta con nosotros

Slider Principal

Coahuila reconoce la zoofilia como delito; lo sancionará con hasta 6 años de cárcel y multas

La zoofilia será castigada con hasta seis años de prisión y más 80 mil pesos de multa en Coahuila, esto luego de que se incluyera como delito en las leyes estatales. Esta conducta no era considerada delito, pese a tenerse la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales.

Esta enmienda al artículo 261 del Código Penal de Coahuila considera de dos a seis años de prisión y de 200 a 600 días multa, cuando se hubiera practicado la zoofilia.

Las mismas penas se impondrán cuando además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo les toma fotografía o videograba para hacerlos públicos o éstas sean realizadas en presencia de un menor de edad.

El dictamen derivó de una iniciativa planteada por el diputado Andrés Loya, quien detalló que la propuesta fortalece el marco jurídico referente al delito de crueldad y violencia contra los animales, al aumentar las sanciones legales contribuirá a concientizar sobre el respeto a sus derechos.

Respecto a esta propuesta, el diputado expresó que, con la entrada en vigor del vigente Código Penal en 2017, se sanciona el maltrato a los animales con prisión de seis meses a dos años y otra pecuniaria de 100 a 500 días multa, aumentándose en una mitad los mínimos y máximos cuando el animal muere como consecuencia de estos actos.

Sin embargo dicha penalidad no corresponde a la gravedad y crueldad de las conductas que se han suscitado en Coahuila en contra de estos seres vivos como la violación a mascotas o animales de compañía.

En junio de este año, un habitante de Arteaga fue detenido por haber abusado y asesinado a perros de esa localidad. Luego de meses de proceso, en octubre se le otorgó la libertad condicional. Hasta agosto sumaban 17 denuncias por maltrato animal.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto