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Coahuila reconoce la zoofilia como delito; lo sancionará con hasta 6 años de cárcel y multas

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La zoofilia será castigada con hasta seis años de prisión y más 80 mil pesos de multa en Coahuila, esto luego de que se incluyera como delito en las leyes estatales. Esta conducta no era considerada delito, pese a tenerse la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales.

Esta enmienda al artículo 261 del Código Penal de Coahuila considera de dos a seis años de prisión y de 200 a 600 días multa, cuando se hubiera practicado la zoofilia.

Las mismas penas se impondrán cuando además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, el sujeto activo les toma fotografía o videograba para hacerlos públicos o éstas sean realizadas en presencia de un menor de edad.

El dictamen derivó de una iniciativa planteada por el diputado Andrés Loya, quien detalló que la propuesta fortalece el marco jurídico referente al delito de crueldad y violencia contra los animales, al aumentar las sanciones legales contribuirá a concientizar sobre el respeto a sus derechos.

Respecto a esta propuesta, el diputado expresó que, con la entrada en vigor del vigente Código Penal en 2017, se sanciona el maltrato a los animales con prisión de seis meses a dos años y otra pecuniaria de 100 a 500 días multa, aumentándose en una mitad los mínimos y máximos cuando el animal muere como consecuencia de estos actos.

Sin embargo dicha penalidad no corresponde a la gravedad y crueldad de las conductas que se han suscitado en Coahuila en contra de estos seres vivos como la violación a mascotas o animales de compañía.

En junio de este año, un habitante de Arteaga fue detenido por haber abusado y asesinado a perros de esa localidad. Luego de meses de proceso, en octubre se le otorgó la libertad condicional. Hasta agosto sumaban 17 denuncias por maltrato animal.

Fuente: Vanguardia

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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