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México

Colectivo busca que en México no se cobre impuestos a toallas ni tampones

Diversas organizaciones civiles y congresistas de distintos partidos lanzaron la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico para comenzar la discusión en torno a este tema y que empiecen a considerarse las políticas públicas necesarias para que la menstruación deje de ser un asunto privado, se garantice el acceso a la salud para las mujeres y se aplique la tasa cero a productos como toallas femeninas y tampones.

Lo que se busca es posicionar la gestión menstrual en un tema de agenda política y disminuir las desigualdades estructurales que impiden a niñas, adolescentes y mujeres vivir una menstruación digna.

En el primer foro realizado en México, diversas especialistas hablaron sobre lo que significa menstruar en el país, un tema considerado tabú durante años y que está rodeado de prejuicios y machismo. Anahí Rodríguez, investigadora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, explicó en su ponencia que aunque las mujeres están condicionadas a no hablar de menstruación, para realizar cambios en la ley debe haber una transformación de la opinión pública y de mentalidad, ya que la gestión menstrual “no es ni lujo ni privilegio, es derecho”.

“El IVA para 64 millones de mujeres en productos para la menstruación es injusto e inequitativo, no se puede pagar un impuesto por menstruar. Existe la tasa cero y eso garantiza el acceso a esos productos, por ejemplo, hasta antes de 2013 la goma de mascar tenía casa cero, podemos vivir sin goma pero no sin productos para menstruar”, comentó.

Una investigación realizada por SinEmbargo arrojó que una mujer gastará hasta 36 mil pesos en productos para su menstruación durante su vida reproductiva.

Ese es un gasto básico, ya que no es decisión de la mujer comprarlos o no. Así se profundizan problemas como la brecha salarial de género y prácticas como el “impuesto rosa”, que es el sobreprecio de un producto que se ofrece con características “para mujer”.

También es un tema de acceso a derechos y economía del hogar, ya que la suma se incrementa por las características de los hogares, por ejemplo, si una familia está conformada por cuatro o cinco integrantes y hay al menos tres mujeres que menstrúan, el gasto anual puede llegar a los 8 mil pesos en promedio por año.

Anahí Rodríguez agregó que además de la economía hay otros factores que provocan una pobreza menstrual. Por ejemplo, la falta de infraestructura “en la Ciudad de México, el 36 por ciento de la población no tiene abastecimiento de agua, eso dificulta, por ejemplo, el uso de copa menstrual”.

La situación se va complicando; las mujeres en situación de calle, continuó, tienen que decidir si comen o compran toallas y tampones, ya que la menstruación ocurre tengas o no casa.

La Diputada Lorena Villavicencio de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que también participó en el foro y fue cuestionada sobre cómo sería la aprobación de dar tasa cero a los productos menstruales en el Congreso.

“Les voy a decir, el machismo se refuerza en los ámbitos de poder. Tenemos un dato alentador: 241 diputadas, lo que puede facilitar cualquier tipo de modificación, pero no todas ellas tienen un compromiso y militancia con las causas de las mujeres, no hay conciencia de género. Si la tuvieran podríamos definir los presupuestos, pero los partidos ejercen una especie de control sobre muchas mujeres que pueden parar iniciativas”, aseveró.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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