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Colectivo busca que en México no se cobre impuestos a toallas ni tampones

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Diversas organizaciones civiles y congresistas de distintos partidos lanzaron la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico para comenzar la discusión en torno a este tema y que empiecen a considerarse las políticas públicas necesarias para que la menstruación deje de ser un asunto privado, se garantice el acceso a la salud para las mujeres y se aplique la tasa cero a productos como toallas femeninas y tampones.

Lo que se busca es posicionar la gestión menstrual en un tema de agenda política y disminuir las desigualdades estructurales que impiden a niñas, adolescentes y mujeres vivir una menstruación digna.

En el primer foro realizado en México, diversas especialistas hablaron sobre lo que significa menstruar en el país, un tema considerado tabú durante años y que está rodeado de prejuicios y machismo. Anahí Rodríguez, investigadora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, explicó en su ponencia que aunque las mujeres están condicionadas a no hablar de menstruación, para realizar cambios en la ley debe haber una transformación de la opinión pública y de mentalidad, ya que la gestión menstrual “no es ni lujo ni privilegio, es derecho”.

“El IVA para 64 millones de mujeres en productos para la menstruación es injusto e inequitativo, no se puede pagar un impuesto por menstruar. Existe la tasa cero y eso garantiza el acceso a esos productos, por ejemplo, hasta antes de 2013 la goma de mascar tenía casa cero, podemos vivir sin goma pero no sin productos para menstruar”, comentó.

Una investigación realizada por SinEmbargo arrojó que una mujer gastará hasta 36 mil pesos en productos para su menstruación durante su vida reproductiva.

Ese es un gasto básico, ya que no es decisión de la mujer comprarlos o no. Así se profundizan problemas como la brecha salarial de género y prácticas como el “impuesto rosa”, que es el sobreprecio de un producto que se ofrece con características “para mujer”.

También es un tema de acceso a derechos y economía del hogar, ya que la suma se incrementa por las características de los hogares, por ejemplo, si una familia está conformada por cuatro o cinco integrantes y hay al menos tres mujeres que menstrúan, el gasto anual puede llegar a los 8 mil pesos en promedio por año.

Anahí Rodríguez agregó que además de la economía hay otros factores que provocan una pobreza menstrual. Por ejemplo, la falta de infraestructura “en la Ciudad de México, el 36 por ciento de la población no tiene abastecimiento de agua, eso dificulta, por ejemplo, el uso de copa menstrual”.

La situación se va complicando; las mujeres en situación de calle, continuó, tienen que decidir si comen o compran toallas y tampones, ya que la menstruación ocurre tengas o no casa.

La Diputada Lorena Villavicencio de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que también participó en el foro y fue cuestionada sobre cómo sería la aprobación de dar tasa cero a los productos menstruales en el Congreso.

“Les voy a decir, el machismo se refuerza en los ámbitos de poder. Tenemos un dato alentador: 241 diputadas, lo que puede facilitar cualquier tipo de modificación, pero no todas ellas tienen un compromiso y militancia con las causas de las mujeres, no hay conciencia de género. Si la tuvieran podríamos definir los presupuestos, pero los partidos ejercen una especie de control sobre muchas mujeres que pueden parar iniciativas”, aseveró.

Fuente: SinEmbargo

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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