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México

Combustible robado está llegando a grandes empresas: Pemex

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, aseguró que la estrategia para combatir el robo de hidrocarburo se refuerza con la detección de personas o empresas que compran ilegalmente el combustible.
“Antes siempre nos concentrábamos en prevenir el robo, evitar el robo, que implica vigilancia, drones, todo el tipo de aparatos; ahora el nuevo elemento es tratar de inhibir la demanda, llegar a donde llega este combustible”, señaló.
En entrevista para el programa Despierta, González Anaya dijo que el combustible robado no se está vendiendo al menudeo, es decir, en las calles, sino que está llegando a gasolineras formales y a grandes empresas.
Reconoció que el fenómeno ha venido creciendo, sin embargo, señaló que el robo por toma está decreciendo, ya que el tiempo de reacción para detectar y cerrar fugas se mejoró.
“Hemos mejorado nuestro tiempo de reacción, pensemos que Pemex tiene 40 mil kilómetros de ductos, entonces sale que tienes una fuga en algún lugar, te tardas en llegar y a veces llegas y la comunidad no te deja pasar. Estamos trabajando en controlar mejor nuestra gestión volumétrica, cuánto sale del pozo, cuánto llega a la refinería, a la terminal, a la gasolinera”, señaló
El director de Pemex dijo también que algunos empleados podrían estar involucrados en el robo de combustible, pero descartó que “haya una estructura ni de la empresa ni del sindicato como organizaciones metidas”.
Añadió que se han redoblado las acciones de vigilancia con drones, aviones y con el apoyo de las fuerzas de seguridad para detectar fugas y así evitar el robo de hidrocarburo. Además, se monitorea el consumo anormal de los clientes.
González Anaya indicó que se trabaja de manera conjunta con autoridades federales para combatir esta práctica ilegal, sin embargo, señaló que “no es una cuestión ni de días ni de semanas, estamos tratando de una estrategia de mediano plazo, de meses” para que baje el robo de combustible en el país.
El mercado de gasolinas en México es de 700 mil millones de pesos, dijo, de los cuales 20 mil millones representan las pérdidas de la ordeña ilegal, por lo que se aplicará todo el peso de la ley a quienes estén involucrados en esta actividad.
Por otro lado, señaló que la gasolina distribuida en la Ciudad de México es buena calidad y se ha mejorado con los años, por que descartó que el combustible sea una de las causas de la mala calidad del aire en el Valle de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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