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Comedores Comunitarios de Sedesol operan con riesgo, dietas que no nutren y desfalco: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias faltas en el programa federal de Comedores Comunitarios durante el año fiscal de 2015. Por fallas en los reglamentos, ausencia de información sobre los montos otorgados a cada comedor, inconsistencias en la operación, instalaciones peligrosas y un desfalco por 66 millones 157 mil 062 pesos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) enfrentará siete sanciones administrativas por un monto de 33 millones 062 mil pesos.
Esa cantidad que la ASF prevé recuperar es apenas el 1.04 por ciento del presupuesto total que el programa recibió en 2015, que fue de 3 mil 155 millones 740 mil pesos a pesar de que hubo comedores que registraron atender a cero personas o de una a 11.
Lejos están los días en que el actual gobierno, que arrastra en el último año los niveles más bajos de popularidad, presentó en las comunidades pobres su política social contra la pobreza. Dos años después se supo que la pobreza había sumado 2 millones de personas para tener un país con 55.3 millones en esa condición.
Ante la alerta de una nueva ola de pobreza, las organizaciones civiles que trabajan en materia han insistido en que urge una revisión de la gama de programas sociales del Gobierno federal. La ASF hizo la revisión de Comedores Comunitarios 2015 y el resultado son siete sanciones administrativas para Sedesol.
El 22 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, y como parte de esta estrategia, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, se instrumentó el Programa Comedores Comunitarios para mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de la población ubicada en Zonas de Atención Prioritaria Rurales y Urbanas.
El programa gira en proporcionar el equipamiento de cocinas por única vez hasta por un monto de 150 mil de pesos y brindar mensualmente los productos alimenticios no perecederos hasta por un monto de 61 mil pesos, lo que incluye la adquisición, suministro, almacenamiento y distribución hasta la localidad donde se ubique el comedor.
Los comedores iniciaron operaciones en el ejercicio 2013 con motivo de la instrumentación de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y tiene incidencia en 14 mil 517 municipios urbanos y 10 mil 295 municipios rurales y siempre ha sido responsabilidad de la Sedesol.
LA LISTA DE FALLAS
Primero fueron los gastos de operación. De acuerdo con lo reportado a la Auditoría, los gastos de operación para el programa fueron de 207 millones 941.5 mil pesos de pesos, que representaron el 6.6 por ciento del presupuesto total asignado al programa, cuando la proyección para ese rubro era de cero por ciento, según lo autorizado para gastos de operación establecido en los lineamientos específicos del programa.
El desfalco se dio por 529 casos que corresponden a 163 comedores por un monto de 32 millones 269.0 mil pesos y 33 millones 062 mil pesos, ya que no se localizó el formato “Abasto de Comedores Comunitarios”.
Durante el año evaluado, en 2015 existieron 4 mil 916 comedores comunitarios en operación, los cuales tuvieron incidencia en la población de 429 municipios o delegaciones de 16 estados. Cada comunidad beneficiada contó con un Comité Comunitario, una Mesa Directiva, un secretario, un tesorero, vocales de comisiones de trabajo, y un vocal de control y vigilancia, los cuales fueron seleccionados mediante Asamblea General.
Sin embargo, 36 comedores se registraron como “en construcción”, “en proceso”, “inactivo”, “no está en operación” y “por aperturar”, pese a que registraron operaciones; 49 carecieron de la fecha de inicio de operación no obstante que en 12 se registraron personas atendidas y en 304 comedores se encontraron inconsistencias como no tener datos del encargado de supervisar las operaciones, información de la institución pública, académica u organización de la sociedad civil que realizó la capacitación de la vocalía de alimentación y del grupo de voluntarios de preparación de alimentos, en 219 se registró la cantidad de “0”, y 14 brindaron atención de una a 11 personas.
Sedesol argumentó que esa información fue ocasionada por errores en la base de datos: “ya que durante la captura que realizan las coordinaciones estatales, omitieron registrar la fecha de inicio de operación, los nombres de los promotores y de las instancias de capacitación, así como las Áreas Geoestadísticas”.
Pero las inconsistencias continuaron. En 44 comedores se observó que la clave registrada no correspondió con la localidad en la que fueron instalados los Comedores Comunitarios, en 149 comedores no se constató que, en 50 casos, la localidad, municipio y entidad federativa señaladas en la Base Registral no correspondieron a las Zonas de Atención Prioritaria Urbana, y en el caso de 99 comedores, éstos se instalaron en localidades distintas a las registradas, sin que se proporcionara evidencia de su cancelación o reubicación.

SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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