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COMENTARIOS DE PRENSA… POR LUIS OCHOA MINJARES

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El viernes 11 de junio de 1982, en histórica asamblea extraordinaria efectuada en su edificio social, hoy rentado al IMSS,  la Asociación de Periodistas de ciudad Juárez proclamaba por primera vez su Código de Ética Profesional, el primero en todo el territorio nacional.

Dos semanas después, el viernes 25 de junio de ese mismo año, el entonces candidato a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al exponer su política de renovación moral en relación con el periodismo dijo:

“Lo ideal es que el propio gremio de periodistas pueda tomar las acciones que considere necesarias para hacer su propia tarea de renovación moral, siendo deseable un código de ética profesional, con organismos de vigilancia y sanción que señalen el camino más aconsejable para hacer lo correcto”.

Los periodistas juarenses se habían adelantado a tan ingentes propósitos. Esta circunstancia, y la inquietud despertada por Roció Gallegos directora de El Diario de Juárez al comentar el tema, justifica  que desempolvemos dicho Código y recordemos a los entonces dirigentes de la APCJ:  Guillermo Terrazas Villanueva Presidente, Armando Escobar Ortega Vicepresidente  y Héctor Saenz, Secretario.

“PREAMBULO:

“La Libertad de Prensa y el derecho a la información constituyen la base de todas las libertades contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Estas libertades y derechos estarán mejor aseguradas si los periodistas profesionales que ejercen las diversas ramas de la comunicación social, se esfuerzan en forma permanente y voluntaria por la más alta responsabilidad profesional y si contraen un solemne compromiso moral de mantener vigente el principio de que, donde quiera que se halle un periodista digno, jamás se consolidará ni una injusticia, ni un acto de corrupción, ni una tiranía.

“El periodista profesional patentiza su devoción a Ciudad Juárez, al Estado de Chihuahua, a la nación mexicana y a las legítimas aspiraciones de libertad y de justicia de América y del Mundo.

“El periodista está obligado a ser honesto y para ello no podrá llevar una vida que desmerezca en el concepto de la opinión pública, no podrá ampararse en su condición profesional para especulaciones de carácter económico personalista ni podrá intimidar a particulares, instituciones públicas o privadas.

“El periodista profesional está comprometido al más profundo respeto y a la más enérgica defensa de su idioma, de la libre emisión del pensamiento, de la vida privada de los ciudadanos, del libre acceso a las fuentes de noticias, del uso de un lenguaje sencillo, culto y decente y finalmente, de las normas de moral vigentes en el medio social en el que actúa.

“Por lo tanto, a manera de decálogo de ética profesional del periodista y como guía para los trabajadores de la información que reúnen, transmite, difunden y comentan noticias e informaciones que relatan los acontecimientos diarios por medio de la imagen, la palabra escrita, oral o por cualquier otro medio de comunicación social, se proclama el siguiente:

CÓDIGO:

I.- El periodista profesional busca que lo respeten y siempre lo logra. El seudo periodista quiere que le teman, pero sólo consigue que lo repudien.

II.- El periodista profesional respeta y prestigia su profesión y la enaltece. El seudo periodista la degrada, no la entiende y se sirve de ella para fines personales.

III.- El periodista profesional es atento, comprensivo y solidario con los débiles y los humildes. El otro es déspota y altanero.

IV.- El periodista profesional es inflexible e insobornable con los poderosos y prevaricadores. El seudo periodista servil, medroso y lisonjero.

V.- El periodista profesional utiliza las fuentes de información para comprobar sus informaciones. El segundo para medrar y obtener logros inconfesables.

VI.- El periodista profesional lleva con prudencia y ejerce con equidad el poder que le confiere la Prensa. El seudo periodista se embriaga con ese poder y lo utiliza para cometer injusticias y arbitrariedades.

VII.- El periodista profesional informa, orienta, educa, despierta la capacidad de análisis y fomenta la crítica de sus lectores. El otro repite lo que le pagan y ordenan decir.

VIII.- El periodista profesional estudia en forma permanente, lee, investiga y se informa para informar. El otro abomina de la escuela, el estudio y la cultura.

IX.- El periodista profesional impulsa la capacitación profesional de sus colegas y apoya las escuelas de periodismos y ciencias de la comunicación. El segundo desprecia tales objetivos.

X.- El periodista profesional ocupa primera fila en la defensa de su idioma y la preservación de su nacionalidad. El seudo periodista es indiferente a estas preocupaciones”.

Hoy, después de tres décadas de proclamado este código de moral profesional del periodista, cabe preguntarnos: ¿tiene vigencia y validez, o requiere ser revisado y actualizado?  La respuesta queda en manos de las nuevas generaciones de periodistas universitarios.

Mientras tanto, flotan en el ambiente las palabras del ex presidente de La Madrid: “Sabemos  que en el periodismo también se registran fenómenos de inmoralidad y corrupción, muchas veces inducida o promovida por funcionarios del gobierno, así como la corrupción en el gobierno es, a veces, inducida por gente de la sociedad civil”.

Rocío Gallegos “le puso el cascabel al gato” con sus oportunos, atinados y saludables comentarios acerca de la corrupción imperante en algunos sectores del periodismo.  A nosotros corresponde, si no cortarle, por lo menos limarle las uñas al corrupto felino.

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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