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COMENTARIOS DE PRENSA… POR LUIS OCHOA MINJARES

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El viernes 11 de junio de 1982, en histórica asamblea extraordinaria efectuada en su edificio social, hoy rentado al IMSS,  la Asociación de Periodistas de ciudad Juárez proclamaba por primera vez su Código de Ética Profesional, el primero en todo el territorio nacional.

Dos semanas después, el viernes 25 de junio de ese mismo año, el entonces candidato a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al exponer su política de renovación moral en relación con el periodismo dijo:

“Lo ideal es que el propio gremio de periodistas pueda tomar las acciones que considere necesarias para hacer su propia tarea de renovación moral, siendo deseable un código de ética profesional, con organismos de vigilancia y sanción que señalen el camino más aconsejable para hacer lo correcto”.

Los periodistas juarenses se habían adelantado a tan ingentes propósitos. Esta circunstancia, y la inquietud despertada por Roció Gallegos directora de El Diario de Juárez al comentar el tema, justifica  que desempolvemos dicho Código y recordemos a los entonces dirigentes de la APCJ:  Guillermo Terrazas Villanueva Presidente, Armando Escobar Ortega Vicepresidente  y Héctor Saenz, Secretario.

“PREAMBULO:

“La Libertad de Prensa y el derecho a la información constituyen la base de todas las libertades contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Estas libertades y derechos estarán mejor aseguradas si los periodistas profesionales que ejercen las diversas ramas de la comunicación social, se esfuerzan en forma permanente y voluntaria por la más alta responsabilidad profesional y si contraen un solemne compromiso moral de mantener vigente el principio de que, donde quiera que se halle un periodista digno, jamás se consolidará ni una injusticia, ni un acto de corrupción, ni una tiranía.

“El periodista profesional patentiza su devoción a Ciudad Juárez, al Estado de Chihuahua, a la nación mexicana y a las legítimas aspiraciones de libertad y de justicia de América y del Mundo.

“El periodista está obligado a ser honesto y para ello no podrá llevar una vida que desmerezca en el concepto de la opinión pública, no podrá ampararse en su condición profesional para especulaciones de carácter económico personalista ni podrá intimidar a particulares, instituciones públicas o privadas.

“El periodista profesional está comprometido al más profundo respeto y a la más enérgica defensa de su idioma, de la libre emisión del pensamiento, de la vida privada de los ciudadanos, del libre acceso a las fuentes de noticias, del uso de un lenguaje sencillo, culto y decente y finalmente, de las normas de moral vigentes en el medio social en el que actúa.

“Por lo tanto, a manera de decálogo de ética profesional del periodista y como guía para los trabajadores de la información que reúnen, transmite, difunden y comentan noticias e informaciones que relatan los acontecimientos diarios por medio de la imagen, la palabra escrita, oral o por cualquier otro medio de comunicación social, se proclama el siguiente:

CÓDIGO:

I.- El periodista profesional busca que lo respeten y siempre lo logra. El seudo periodista quiere que le teman, pero sólo consigue que lo repudien.

II.- El periodista profesional respeta y prestigia su profesión y la enaltece. El seudo periodista la degrada, no la entiende y se sirve de ella para fines personales.

III.- El periodista profesional es atento, comprensivo y solidario con los débiles y los humildes. El otro es déspota y altanero.

IV.- El periodista profesional es inflexible e insobornable con los poderosos y prevaricadores. El seudo periodista servil, medroso y lisonjero.

V.- El periodista profesional utiliza las fuentes de información para comprobar sus informaciones. El segundo para medrar y obtener logros inconfesables.

VI.- El periodista profesional lleva con prudencia y ejerce con equidad el poder que le confiere la Prensa. El seudo periodista se embriaga con ese poder y lo utiliza para cometer injusticias y arbitrariedades.

VII.- El periodista profesional informa, orienta, educa, despierta la capacidad de análisis y fomenta la crítica de sus lectores. El otro repite lo que le pagan y ordenan decir.

VIII.- El periodista profesional estudia en forma permanente, lee, investiga y se informa para informar. El otro abomina de la escuela, el estudio y la cultura.

IX.- El periodista profesional impulsa la capacitación profesional de sus colegas y apoya las escuelas de periodismos y ciencias de la comunicación. El segundo desprecia tales objetivos.

X.- El periodista profesional ocupa primera fila en la defensa de su idioma y la preservación de su nacionalidad. El seudo periodista es indiferente a estas preocupaciones”.

Hoy, después de tres décadas de proclamado este código de moral profesional del periodista, cabe preguntarnos: ¿tiene vigencia y validez, o requiere ser revisado y actualizado?  La respuesta queda en manos de las nuevas generaciones de periodistas universitarios.

Mientras tanto, flotan en el ambiente las palabras del ex presidente de La Madrid: “Sabemos  que en el periodismo también se registran fenómenos de inmoralidad y corrupción, muchas veces inducida o promovida por funcionarios del gobierno, así como la corrupción en el gobierno es, a veces, inducida por gente de la sociedad civil”.

Rocío Gallegos “le puso el cascabel al gato” con sus oportunos, atinados y saludables comentarios acerca de la corrupción imperante en algunos sectores del periodismo.  A nosotros corresponde, si no cortarle, por lo menos limarle las uñas al corrupto felino.

 

 

Opinión

Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

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La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

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