Opinión
COMENTARIOS DE PRENSA… POR LUIS OCHOA MINJARES
El viernes 11 de junio de 1982, en histórica asamblea extraordinaria efectuada en su edificio social, hoy rentado al IMSS, la Asociación de Periodistas de ciudad Juárez proclamaba por primera vez su Código de Ética Profesional, el primero en todo el territorio nacional.
Dos semanas después, el viernes 25 de junio de ese mismo año, el entonces candidato a la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, al exponer su política de renovación moral en relación con el periodismo dijo:
“Lo ideal es que el propio gremio de periodistas pueda tomar las acciones que considere necesarias para hacer su propia tarea de renovación moral, siendo deseable un código de ética profesional, con organismos de vigilancia y sanción que señalen el camino más aconsejable para hacer lo correcto”.
Los periodistas juarenses se habían adelantado a tan ingentes propósitos. Esta circunstancia, y la inquietud despertada por Roció Gallegos directora de El Diario de Juárez al comentar el tema, justifica que desempolvemos dicho Código y recordemos a los entonces dirigentes de la APCJ: Guillermo Terrazas Villanueva Presidente, Armando Escobar Ortega Vicepresidente y Héctor Saenz, Secretario.
“PREAMBULO:
“La Libertad de Prensa y el derecho a la información constituyen la base de todas las libertades contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Estas libertades y derechos estarán mejor aseguradas si los periodistas profesionales que ejercen las diversas ramas de la comunicación social, se esfuerzan en forma permanente y voluntaria por la más alta responsabilidad profesional y si contraen un solemne compromiso moral de mantener vigente el principio de que, donde quiera que se halle un periodista digno, jamás se consolidará ni una injusticia, ni un acto de corrupción, ni una tiranía.
“El periodista profesional patentiza su devoción a Ciudad Juárez, al Estado de Chihuahua, a la nación mexicana y a las legítimas aspiraciones de libertad y de justicia de América y del Mundo.
“El periodista está obligado a ser honesto y para ello no podrá llevar una vida que desmerezca en el concepto de la opinión pública, no podrá ampararse en su condición profesional para especulaciones de carácter económico personalista ni podrá intimidar a particulares, instituciones públicas o privadas.
“El periodista profesional está comprometido al más profundo respeto y a la más enérgica defensa de su idioma, de la libre emisión del pensamiento, de la vida privada de los ciudadanos, del libre acceso a las fuentes de noticias, del uso de un lenguaje sencillo, culto y decente y finalmente, de las normas de moral vigentes en el medio social en el que actúa.
“Por lo tanto, a manera de decálogo de ética profesional del periodista y como guía para los trabajadores de la información que reúnen, transmite, difunden y comentan noticias e informaciones que relatan los acontecimientos diarios por medio de la imagen, la palabra escrita, oral o por cualquier otro medio de comunicación social, se proclama el siguiente:
CÓDIGO:
I.- El periodista profesional busca que lo respeten y siempre lo logra. El seudo periodista quiere que le teman, pero sólo consigue que lo repudien.
II.- El periodista profesional respeta y prestigia su profesión y la enaltece. El seudo periodista la degrada, no la entiende y se sirve de ella para fines personales.
III.- El periodista profesional es atento, comprensivo y solidario con los débiles y los humildes. El otro es déspota y altanero.
IV.- El periodista profesional es inflexible e insobornable con los poderosos y prevaricadores. El seudo periodista servil, medroso y lisonjero.
V.- El periodista profesional utiliza las fuentes de información para comprobar sus informaciones. El segundo para medrar y obtener logros inconfesables.
VI.- El periodista profesional lleva con prudencia y ejerce con equidad el poder que le confiere la Prensa. El seudo periodista se embriaga con ese poder y lo utiliza para cometer injusticias y arbitrariedades.
VII.- El periodista profesional informa, orienta, educa, despierta la capacidad de análisis y fomenta la crítica de sus lectores. El otro repite lo que le pagan y ordenan decir.
VIII.- El periodista profesional estudia en forma permanente, lee, investiga y se informa para informar. El otro abomina de la escuela, el estudio y la cultura.
IX.- El periodista profesional impulsa la capacitación profesional de sus colegas y apoya las escuelas de periodismos y ciencias de la comunicación. El segundo desprecia tales objetivos.
X.- El periodista profesional ocupa primera fila en la defensa de su idioma y la preservación de su nacionalidad. El seudo periodista es indiferente a estas preocupaciones”.
Hoy, después de tres décadas de proclamado este código de moral profesional del periodista, cabe preguntarnos: ¿tiene vigencia y validez, o requiere ser revisado y actualizado? La respuesta queda en manos de las nuevas generaciones de periodistas universitarios.
Mientras tanto, flotan en el ambiente las palabras del ex presidente de La Madrid: “Sabemos que en el periodismo también se registran fenómenos de inmoralidad y corrupción, muchas veces inducida o promovida por funcionarios del gobierno, así como la corrupción en el gobierno es, a veces, inducida por gente de la sociedad civil”.
Rocío Gallegos “le puso el cascabel al gato” con sus oportunos, atinados y saludables comentarios acerca de la corrupción imperante en algunos sectores del periodismo. A nosotros corresponde, si no cortarle, por lo menos limarle las uñas al corrupto felino.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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