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Cómo denunciar a las escuelas que exigen regresar a clases presenciales

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que, hasta el momento 12,639,915 estudiantes y 1,200,245 docentes regresaron a las actividades presenciales en 135,230 centros educativos a lo largo de la República, luego de más de un año de pandemia.

Sin embargo, debido a que las clases presenciales no son obligatorias, muchos otros estudiantes optaron por continuar su educación desde casa, de manera que las escuelas no pueden obligar a los menores a regresar a las aulas físicamente.

Para realizar este tipo de denuncia y otras inquietudes al respecto, la SEP habilitó el Sistema de Orientación e Información del Sector Educativo (TELSEP), donde se podrá consultar todo lo relacionado con el regreso a las aulas, además de realizar quejas.

En la CDMX, las escuelas de educación básica se podrán denunciar en este número telefónico 55 36 01 87 99 extensión 48543.

Respecto a las y los alumnos de escuelas media superior y superior, podrán denunciar a sus planteles a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), que se encuentra aquí.

¿Qué se necesita para denunciar?

Ante cualquier circunstancia, los tutores del menor deberán proporcionar los siguientes datos:

– Nombre completo

– Domicilio

– Correo electrónico

– Nombre de la escuela

Durante la mañana del martes, Gómez también señaló que se han detectado casos de COVID-19 en 88 escuelas del país, lo que representa el 0.06% de los colegios que se encuentran actualmente abiertos. De los centros reportados, solamente 39 han cerrado temporalmente como medida de prevención, es decir, el 0.03%.

“Eso también nos da un buen indicio de que todo lo que se está haciendo, de este esfuerzo, está bien (…) Vamos muy bien y yo creo que vamos a ir cada día mejor”, expuso.

“Se ha incrementado y se sigue incrementando el número de escuelas abiertas, de compañeros trabajadores de la educación y de alumnos (…) Lo agradezco y reconozco el esfuerzo que se está haciendo”, agregó.

Asimismo, Gómez Álvarez se mostró agradecida con las autoridades federales, así como con las familias quienes, aseguró, se han comprometido para el cumplimiento de los filtros de seguridad sanitaria.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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