Lejos de sancionar a uno de sus funcionarios acusados de acoso sexual, el alcalde de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada Mendoza, incurrió en las mismas prácticas y lanzó declaraciones machistas contra la víctima.
En un audio que circula en redes sociales, el presidente municipal le dice a la empleada afectada que, vestida así, se ve “guapísima”. “Cómo te ha de disfrutar tu marido”, agrega.
También le comenta que “así como yo tengo pegue, yo sé que tú también lo debes de tener”. Incluso le dice que le parecía muy atractiva y que “los guapos estamos expuestos a eso”.
La grabación correspondería a una reunión entre el alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, Sergio Quezada Mendoza, una empleada del Ayuntamiento, y Efraín Martínez, un director de dos áreas del municipio que fue acusado de acoso sexual.
En el audio se escucha al alcalde pedir a la denunciante que el asunto quede entre ellos, pues Efraín “es una pieza que también me sirve”.
“Si él te hubiera violado o hubiera habido más cosas delicadas (…) olvídate, con todo. Pero la situación yo no la veo tan complicada”.
Sergio Quezada descartó aplicar una sanción a Efraín porque “los va a desgastar y a lo mejor ni los va a llevar a nada, (…) pero tú tienes la última palabra”.
Efraín interviene en la conversación para decirle a la víctima que, si quiere, se hinca para pedirle perdón, y reconoce que la afectó emocionalmente. Ella responde que es demasiado tarde, puesto que el daño ya está hecho.
Amenaza a regidores para proteger a acosador
La protección del alcalde a Efraín Martínez llegó al grado de que el titular del Órgano Interno de Control, José Aurelio Ochoa Flores, advirtió a cuatro regidores que serían sancionados si continúan requiriendo públicamente al alcalde que suspenda al funcionario denunciado mientras lo investigan.
En la sesión ordinaria de Cabildo del 28 de agosto de 2020, la regidora María Antonia Arellano Mojarro solicitó al presidente municipal no solapar a Efraín Martínez, director de manera simultánea de tres áreas: Proveeduría, Padrón y Licencia, e Inspección y Vigilancia, quien fue acusado, mediante un escrito, de acoso sexual por dos mujeres.
El alcalde le respondió que era una acusación muy fuerte, que él no se atrevería a hacerlas si careciera de evidencias, y sostuvo que el tema del supuesto acoso era investigado por Contraloría.
La regidora recalcó que en Contraloría no le dieron seguimiento, y que era necesario suspender a Efraín Martínez mientras se le investiga. Sergio Quezada reiteró que son “puros dichos hasta que una autoridad correspondiente” dictamine.
En esa misma sesión, los regidores Yanett Guadalupe Aceves, Virginia Lomelí Melendrez y Ernesto Becerra Martínez respaldaron a Antonia Arellano para que se suspendiera al funcionario hasta que se termine la investigación.
El alcalde cambió de tema, y poco antes de concluir la sesión, Antonia Arellano insistió en que se sometiera a votación su solicitud. Pero el alcalde decidió finalizar la reunión, no sin antes asegurar que el 31 de agosto, “a primera hora”, investigaría.
El 5 de septiembre, el titular del Órgano de Control Interno, mediante el oficio OIC/80/2020, apercibió a los cuatro regidores y les demandó reorientar “el sentido de su criterio”, puesto que ni el presidente municipal o lo regidores tienen atribuciones para reclamar la suspensión de servidores públicos sujetos de investigación.
Les advirtió que “se abstengan de intervenir en asuntos ajenos a su competencia, facultades y atribuciones, con el apercibimiento que en caso de insistir o hacer caso omiso al presente, serán susceptibles de instaurar en su contra el procedimiento de responsabilidad administrativa, con la calificativa y sanción que en derecho corresponda”.
Una de las víctimas, la que se escucha en el audio, interpuso su denuncia ante el Órgano Interno de Control el 15 de junio de 2020, mientras que la otra, tras presentar su queja, decidió renunciar a su cargo en el municipio para evitar el acoso. La denuncia fue desechada.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.
