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Opinión

Complejísima elección en Chihuahua

No es una elección fácil para las fuerzas realmente competitivas en Chihuahua. Al contrario, es de una extrema complejidad. Al interior de cada agrupación partidaria conviven diversos y encontrados intereses, los que al calor de la competencia han debido subsumirlos, pero que a cada momento emergen y muestran el crítico momento por el que pasan.

Por: Luis Javier Valero Flores

Para el PRI y sus aliados la actual campaña electoral es extremadamente novedosa. Nunca, en el curso de los últimos 16 años habían enfrentado tal oposición (por supuesto, obviando las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006 y las municipales en distintos momentos en varias alcaldías) en las elecciones estatales; desde las de 1998 habían transitado con cierta holgura.
Ahora no, la simpatía por los blanquiazules o el rechazo a la actual administración estatal, han provocado que un buen número de chihuahuenses estén optando por los candidatos de este partido, en mayor o menor proporción.

Pero el PAN está pagando, los numerosos errores cometidos en ese lapso y la aparición de los candidatos independientes le está imprimiendo (por lo menos en Juárez, Parral y Chihuahua y la estatal de “Chacho” Barraza) una dinámica diferente, en la que panistas e independientes deberán competir por los votos de los electores indecisos y los opositores al grupo gobernante en la entidad.

Probablemente el resultado será la aparición de un mayor porcentaje de voto “cruzado”, que determinará, con seguridad, el triunfo a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, y posiblemente el del gobierno del estado.

Diversos acontecimientos ocurridos en la semana dan cuenta de lo que puede ser el inicio de la crisis terminal del actual gobierno. Tal pareciera que los controles, ejercidos férreamente por el gobernador César Duarte a lo largo de su administración, se han perdido, justamente en el momento en que más los necesitan los candidatos oficialistas.

Tras la publicación de diversas encuestas, en el priismo empezó a hablarse de la “consolidación” del candidato Serrano, pero la cancelación del debate entre los candidatos al gobierno estatal, a realizarse en Juárez el 11 de mayo y la posposición del que habría de realizarse en Chihuahua el 4, para pasarlo al 21 de mayo, a dos semanas de las elecciones, con el evidente propósito de que las consecuencias del debate no afectaran al candidato que supuestamente iría en el tope de las preferencias electorales tiene una sola lectura: El ex alcalde juarense, Enrique Serrano, no va adelante en las simpatías electorales, o que de llevar una ventaja, sería mínima, menor a la que las encuestas establecen.

Tal posposición fue duramente criticada por el candidato del PAN-Alianza Ciudadana, Javier Corral. Tienen miedo al debate, sostuvo en el curso del mitin de arranque de la campaña de María Eugenia Campos a la alcaldía de Chihuahua capital y acusó a la autoridad electoral de plegarse “a los designios” del PRI y del candidato Serrano, “son buenos para la guerra sucia, pero miedosos para la confrontación de las ideas, son buenos para la calumnia, pero absolutamente miedosos para plantear ante la gente de Chihuahua los problemas y los compromisos para solucionarlos…”, diría en el mitin, con la presencia del expresidente Felipe Calderón.

Tal postura fue replicada, sorpresivamente, por los candidatos de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, y del PRD, Jaime Beltrán del Río.

Pero la sorpresa mayor fue la aportada por la dirigente estatal perredista, Guadalupe Aragón, quien, en comunicado oficial, sostuvo que la cancelación se debía a que “al parecer están protegiendo a un candidato que viene de picada en la aceptación de los electores”, además de calificar de “sospechosa” la decisión del Instituto Estatal Electoral de mover la fecha del debate y de sostener que “las autoridades electorales no deben proteger a los candidatos que no son aceptados por los electores”.
A su vez, Pérez Cuéllar afirmó que “Es antidemocrático y algo totalmente inmoral que la autoridad encargada de vigilar y asegurar un buen proceso electoral en Chihuahua, traicione a los electores de ésta forma… ”.
El “aflojamiento” de los controles gubernamentales tendrá serias repercusiones para los candidatos oficialistas.
Más de un simpatizante de esta causa sostendrá “que no es para tanto”, pero la pérdida o la ganancia de uno o dos puntos en las preferencias electorales podrán ser la diferencia en la larga noche del 5 de junio, día de las elecciones.
Y no sólo en la gubernatura, la disputa será cerrada en varias alcaldías y distritos electorales, de tal manera que también está en el aire la mayoría en el Congreso del Estado.
Así, la falta de decenas de camiones del transporte urbano dejó varados a decenas de miles de la capital, hecho que concitó el enojo hacia la actual administración, de manera tal que la frase más recordada, usada por el Gobernador Duarte en la la toma de posesión, “el poder es para poder, y no para no poder”, fue duramente recordada por miles.

Será uno de los dolores de cabeza para el oficialismo.

Del mismo modo, aunque con menor repercusión, el diferendo suscitado entre el líder del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, y el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien amenazó con renunciar debido a que el Poder Legislativo, sostuvo, no ha realizado los trámites necesarios para la aplicación de sanciones a los alcaldes y funcionarios públicos que su dependencia ha señalado como probables responsables de desfalcos al erario.

Alientan la corrupción y la impunidad, dijo Esparza.
No son cualquier funcionario, y no sólo por la importancia de sus cargos, sino por la cercanía con el actual ocupante de la Casa de Gobierno, son integrantes, llamémosle así, del “War Room” del actual grupo gobernante.
Sin embargo, la explosiva denuncia pública realizada por el dirigente estatal del sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres, José Acuña, acerca de la utilización de los servicios de los trabajadores para las tareas partidistas, “de nuestro instituto político”, sostenida en tensa entrevista radiofónica (Aserto Radio, en Antena 102.5 FM, 27/IV/16), es de una importancia mayúscula.

Acuña acusó al gobierno de Chihuahua de pretender “desaparecer” al sindicato de Bachilleres debido a que les anunciaron que desaparecerían las comisiones sindicales, tal y como lo establece la reforma educativa.
“Así nos pagan”, dijo un encolerizado Acuña, al informar que él había afiliado al sindicato, al total de los trabajadores (maestros y administrativos) al “Partido Revolucionario Institucional” porque es el partido, sostuvo, que hace posible los progresos que tenemos los mexicanos y que, gracias a esa afiliación, los trabajadores realizan múltiples tareas partidistas, “en beneficio de nuestro instituto político”.

Tal corporativismo se hizo evidente, también, en la declaración realizada, en el curso de la reunión sostenida por los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, con los candidatos priistas al gobierno del estado, Enrique Serrano, y a la alcaldía, Héctor Murguía, por Héctor Cano, secretario del Trabajo del SUTM, quien dijo “que el sindicato ya está decidido a apoyar a Murguía Lardizábal para la presidencia municipal y a Serrano para la gubernatura”, lo que explica el porqué la candidata panista a la alcaldía, Vicky Caraveo, no fue recibida en esa reunión. (Nota de O. Saucedo/M. Giacomán, El Diario, 29/IV/16).

Y si hubiera algún suceso que retratara nítidamente “la crisis terminal” de la actual administración, este es la arbitraria detención del ex periodista y actual candidato suplente de Morena a una diputación por un distrito capitalino, Gabriel Ortega.
¿A quién se le ocurrió, en plena contienda electoral, al igual que el cese de los pagos a los líderes sindicales del Bachilleres?
Lo detuvieron, dijeron después las autoridades prejudiciales, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por la acusación del Secretario de Salud, Pedro Hernández, de haber “producido o editado” una información “falsa o verdadera” que se refiere a la difusión de unos documentos bancarios en los que aparece que Hernández transfería recursos millonarios a una cuenta de la esposa del gobernador Duarte, Bertha Gómez.
Lo liberaron, pero el proceso sigue y ahí se abre una oportunidad de oro para esclarecer los hechos, en cualquiera de los dos sentidos.

Finalmente, en el PAN también sufren lo suyo.

La visita de Felipe Calderón, en medio de una evidente tensión, por los ríspidos diferendos entre éste y Corral, que se apreciaba hasta por el modo en que se comportaban en los actos públicos, en los que la defensa de su gobierno se convirtió en el tema central de sus discursos.
Revivió las heridas acaecidas en el tiempo más aciago para los chihuahuenses. Además, el intento de promover a su esposa, Margarita Zavala, como una mejor presidenta, “mejor que yo”, llevaría a más de uno a gritar ¡No me ayudes, compadre! Especialmente a Javier Corral.

¿No sería una de las respuestas de la extrema derecha al evidente acercamiento de Corral, no sólo a los grupos de izquierda, sino a las posturas ideológicas y políticas de éstos?

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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