Opinión
Complejísima elección en Chihuahua
Published
hace 10 añoson
No es una elección fácil para las fuerzas realmente competitivas en Chihuahua. Al contrario, es de una extrema complejidad. Al interior de cada agrupación partidaria conviven diversos y encontrados intereses, los que al calor de la competencia han debido subsumirlos, pero que a cada momento emergen y muestran el crítico momento por el que pasan.
Por: Luis Javier Valero Flores
Para el PRI y sus aliados la actual campaña electoral es extremadamente novedosa. Nunca, en el curso de los últimos 16 años habían enfrentado tal oposición (por supuesto, obviando las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006 y las municipales en distintos momentos en varias alcaldías) en las elecciones estatales; desde las de 1998 habían transitado con cierta holgura.
Ahora no, la simpatía por los blanquiazules o el rechazo a la actual administración estatal, han provocado que un buen número de chihuahuenses estén optando por los candidatos de este partido, en mayor o menor proporción.
Pero el PAN está pagando, los numerosos errores cometidos en ese lapso y la aparición de los candidatos independientes le está imprimiendo (por lo menos en Juárez, Parral y Chihuahua y la estatal de “Chacho” Barraza) una dinámica diferente, en la que panistas e independientes deberán competir por los votos de los electores indecisos y los opositores al grupo gobernante en la entidad.
Probablemente el resultado será la aparición de un mayor porcentaje de voto “cruzado”, que determinará, con seguridad, el triunfo a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, y posiblemente el del gobierno del estado.
Diversos acontecimientos ocurridos en la semana dan cuenta de lo que puede ser el inicio de la crisis terminal del actual gobierno. Tal pareciera que los controles, ejercidos férreamente por el gobernador César Duarte a lo largo de su administración, se han perdido, justamente en el momento en que más los necesitan los candidatos oficialistas.
Tras la publicación de diversas encuestas, en el priismo empezó a hablarse de la “consolidación” del candidato Serrano, pero la cancelación del debate entre los candidatos al gobierno estatal, a realizarse en Juárez el 11 de mayo y la posposición del que habría de realizarse en Chihuahua el 4, para pasarlo al 21 de mayo, a dos semanas de las elecciones, con el evidente propósito de que las consecuencias del debate no afectaran al candidato que supuestamente iría en el tope de las preferencias electorales tiene una sola lectura: El ex alcalde juarense, Enrique Serrano, no va adelante en las simpatías electorales, o que de llevar una ventaja, sería mínima, menor a la que las encuestas establecen.
Tal posposición fue duramente criticada por el candidato del PAN-Alianza Ciudadana, Javier Corral. Tienen miedo al debate, sostuvo en el curso del mitin de arranque de la campaña de María Eugenia Campos a la alcaldía de Chihuahua capital y acusó a la autoridad electoral de plegarse “a los designios” del PRI y del candidato Serrano, “son buenos para la guerra sucia, pero miedosos para la confrontación de las ideas, son buenos para la calumnia, pero absolutamente miedosos para plantear ante la gente de Chihuahua los problemas y los compromisos para solucionarlos…”, diría en el mitin, con la presencia del expresidente Felipe Calderón.
Tal postura fue replicada, sorpresivamente, por los candidatos de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, y del PRD, Jaime Beltrán del Río.
Pero la sorpresa mayor fue la aportada por la dirigente estatal perredista, Guadalupe Aragón, quien, en comunicado oficial, sostuvo que la cancelación se debía a que “al parecer están protegiendo a un candidato que viene de picada en la aceptación de los electores”, además de calificar de “sospechosa” la decisión del Instituto Estatal Electoral de mover la fecha del debate y de sostener que “las autoridades electorales no deben proteger a los candidatos que no son aceptados por los electores”.
A su vez, Pérez Cuéllar afirmó que “Es antidemocrático y algo totalmente inmoral que la autoridad encargada de vigilar y asegurar un buen proceso electoral en Chihuahua, traicione a los electores de ésta forma… ”.
El “aflojamiento” de los controles gubernamentales tendrá serias repercusiones para los candidatos oficialistas.
Más de un simpatizante de esta causa sostendrá “que no es para tanto”, pero la pérdida o la ganancia de uno o dos puntos en las preferencias electorales podrán ser la diferencia en la larga noche del 5 de junio, día de las elecciones.
Y no sólo en la gubernatura, la disputa será cerrada en varias alcaldías y distritos electorales, de tal manera que también está en el aire la mayoría en el Congreso del Estado.
Así, la falta de decenas de camiones del transporte urbano dejó varados a decenas de miles de la capital, hecho que concitó el enojo hacia la actual administración, de manera tal que la frase más recordada, usada por el Gobernador Duarte en la la toma de posesión, “el poder es para poder, y no para no poder”, fue duramente recordada por miles.
Será uno de los dolores de cabeza para el oficialismo.
Del mismo modo, aunque con menor repercusión, el diferendo suscitado entre el líder del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, y el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien amenazó con renunciar debido a que el Poder Legislativo, sostuvo, no ha realizado los trámites necesarios para la aplicación de sanciones a los alcaldes y funcionarios públicos que su dependencia ha señalado como probables responsables de desfalcos al erario.
Alientan la corrupción y la impunidad, dijo Esparza.
No son cualquier funcionario, y no sólo por la importancia de sus cargos, sino por la cercanía con el actual ocupante de la Casa de Gobierno, son integrantes, llamémosle así, del “War Room” del actual grupo gobernante.
Sin embargo, la explosiva denuncia pública realizada por el dirigente estatal del sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres, José Acuña, acerca de la utilización de los servicios de los trabajadores para las tareas partidistas, “de nuestro instituto político”, sostenida en tensa entrevista radiofónica (Aserto Radio, en Antena 102.5 FM, 27/IV/16), es de una importancia mayúscula.
Acuña acusó al gobierno de Chihuahua de pretender “desaparecer” al sindicato de Bachilleres debido a que les anunciaron que desaparecerían las comisiones sindicales, tal y como lo establece la reforma educativa.
“Así nos pagan”, dijo un encolerizado Acuña, al informar que él había afiliado al sindicato, al total de los trabajadores (maestros y administrativos) al “Partido Revolucionario Institucional” porque es el partido, sostuvo, que hace posible los progresos que tenemos los mexicanos y que, gracias a esa afiliación, los trabajadores realizan múltiples tareas partidistas, “en beneficio de nuestro instituto político”.
Tal corporativismo se hizo evidente, también, en la declaración realizada, en el curso de la reunión sostenida por los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, con los candidatos priistas al gobierno del estado, Enrique Serrano, y a la alcaldía, Héctor Murguía, por Héctor Cano, secretario del Trabajo del SUTM, quien dijo “que el sindicato ya está decidido a apoyar a Murguía Lardizábal para la presidencia municipal y a Serrano para la gubernatura”, lo que explica el porqué la candidata panista a la alcaldía, Vicky Caraveo, no fue recibida en esa reunión. (Nota de O. Saucedo/M. Giacomán, El Diario, 29/IV/16).
Y si hubiera algún suceso que retratara nítidamente “la crisis terminal” de la actual administración, este es la arbitraria detención del ex periodista y actual candidato suplente de Morena a una diputación por un distrito capitalino, Gabriel Ortega.
¿A quién se le ocurrió, en plena contienda electoral, al igual que el cese de los pagos a los líderes sindicales del Bachilleres?
Lo detuvieron, dijeron después las autoridades prejudiciales, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por la acusación del Secretario de Salud, Pedro Hernández, de haber “producido o editado” una información “falsa o verdadera” que se refiere a la difusión de unos documentos bancarios en los que aparece que Hernández transfería recursos millonarios a una cuenta de la esposa del gobernador Duarte, Bertha Gómez.
Lo liberaron, pero el proceso sigue y ahí se abre una oportunidad de oro para esclarecer los hechos, en cualquiera de los dos sentidos.
Finalmente, en el PAN también sufren lo suyo.
La visita de Felipe Calderón, en medio de una evidente tensión, por los ríspidos diferendos entre éste y Corral, que se apreciaba hasta por el modo en que se comportaban en los actos públicos, en los que la defensa de su gobierno se convirtió en el tema central de sus discursos.
Revivió las heridas acaecidas en el tiempo más aciago para los chihuahuenses. Además, el intento de promover a su esposa, Margarita Zavala, como una mejor presidenta, “mejor que yo”, llevaría a más de uno a gritar ¡No me ayudes, compadre! Especialmente a Javier Corral.
¿No sería una de las respuestas de la extrema derecha al evidente acercamiento de Corral, no sólo a los grupos de izquierda, sino a las posturas ideológicas y políticas de éstos?
[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
