Opinión
Complejísima elección en Chihuahua
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hace 10 añoson
No es una elección fácil para las fuerzas realmente competitivas en Chihuahua. Al contrario, es de una extrema complejidad. Al interior de cada agrupación partidaria conviven diversos y encontrados intereses, los que al calor de la competencia han debido subsumirlos, pero que a cada momento emergen y muestran el crítico momento por el que pasan.
Por: Luis Javier Valero Flores
Para el PRI y sus aliados la actual campaña electoral es extremadamente novedosa. Nunca, en el curso de los últimos 16 años habían enfrentado tal oposición (por supuesto, obviando las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006 y las municipales en distintos momentos en varias alcaldías) en las elecciones estatales; desde las de 1998 habían transitado con cierta holgura.
Ahora no, la simpatía por los blanquiazules o el rechazo a la actual administración estatal, han provocado que un buen número de chihuahuenses estén optando por los candidatos de este partido, en mayor o menor proporción.
Pero el PAN está pagando, los numerosos errores cometidos en ese lapso y la aparición de los candidatos independientes le está imprimiendo (por lo menos en Juárez, Parral y Chihuahua y la estatal de “Chacho” Barraza) una dinámica diferente, en la que panistas e independientes deberán competir por los votos de los electores indecisos y los opositores al grupo gobernante en la entidad.
Probablemente el resultado será la aparición de un mayor porcentaje de voto “cruzado”, que determinará, con seguridad, el triunfo a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, y posiblemente el del gobierno del estado.
Diversos acontecimientos ocurridos en la semana dan cuenta de lo que puede ser el inicio de la crisis terminal del actual gobierno. Tal pareciera que los controles, ejercidos férreamente por el gobernador César Duarte a lo largo de su administración, se han perdido, justamente en el momento en que más los necesitan los candidatos oficialistas.
Tras la publicación de diversas encuestas, en el priismo empezó a hablarse de la “consolidación” del candidato Serrano, pero la cancelación del debate entre los candidatos al gobierno estatal, a realizarse en Juárez el 11 de mayo y la posposición del que habría de realizarse en Chihuahua el 4, para pasarlo al 21 de mayo, a dos semanas de las elecciones, con el evidente propósito de que las consecuencias del debate no afectaran al candidato que supuestamente iría en el tope de las preferencias electorales tiene una sola lectura: El ex alcalde juarense, Enrique Serrano, no va adelante en las simpatías electorales, o que de llevar una ventaja, sería mínima, menor a la que las encuestas establecen.
Tal posposición fue duramente criticada por el candidato del PAN-Alianza Ciudadana, Javier Corral. Tienen miedo al debate, sostuvo en el curso del mitin de arranque de la campaña de María Eugenia Campos a la alcaldía de Chihuahua capital y acusó a la autoridad electoral de plegarse “a los designios” del PRI y del candidato Serrano, “son buenos para la guerra sucia, pero miedosos para la confrontación de las ideas, son buenos para la calumnia, pero absolutamente miedosos para plantear ante la gente de Chihuahua los problemas y los compromisos para solucionarlos…”, diría en el mitin, con la presencia del expresidente Felipe Calderón.
Tal postura fue replicada, sorpresivamente, por los candidatos de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, y del PRD, Jaime Beltrán del Río.
Pero la sorpresa mayor fue la aportada por la dirigente estatal perredista, Guadalupe Aragón, quien, en comunicado oficial, sostuvo que la cancelación se debía a que “al parecer están protegiendo a un candidato que viene de picada en la aceptación de los electores”, además de calificar de “sospechosa” la decisión del Instituto Estatal Electoral de mover la fecha del debate y de sostener que “las autoridades electorales no deben proteger a los candidatos que no son aceptados por los electores”.
A su vez, Pérez Cuéllar afirmó que “Es antidemocrático y algo totalmente inmoral que la autoridad encargada de vigilar y asegurar un buen proceso electoral en Chihuahua, traicione a los electores de ésta forma… ”.
El “aflojamiento” de los controles gubernamentales tendrá serias repercusiones para los candidatos oficialistas.
Más de un simpatizante de esta causa sostendrá “que no es para tanto”, pero la pérdida o la ganancia de uno o dos puntos en las preferencias electorales podrán ser la diferencia en la larga noche del 5 de junio, día de las elecciones.
Y no sólo en la gubernatura, la disputa será cerrada en varias alcaldías y distritos electorales, de tal manera que también está en el aire la mayoría en el Congreso del Estado.
Así, la falta de decenas de camiones del transporte urbano dejó varados a decenas de miles de la capital, hecho que concitó el enojo hacia la actual administración, de manera tal que la frase más recordada, usada por el Gobernador Duarte en la la toma de posesión, “el poder es para poder, y no para no poder”, fue duramente recordada por miles.
Será uno de los dolores de cabeza para el oficialismo.
Del mismo modo, aunque con menor repercusión, el diferendo suscitado entre el líder del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, y el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien amenazó con renunciar debido a que el Poder Legislativo, sostuvo, no ha realizado los trámites necesarios para la aplicación de sanciones a los alcaldes y funcionarios públicos que su dependencia ha señalado como probables responsables de desfalcos al erario.
Alientan la corrupción y la impunidad, dijo Esparza.
No son cualquier funcionario, y no sólo por la importancia de sus cargos, sino por la cercanía con el actual ocupante de la Casa de Gobierno, son integrantes, llamémosle así, del “War Room” del actual grupo gobernante.
Sin embargo, la explosiva denuncia pública realizada por el dirigente estatal del sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres, José Acuña, acerca de la utilización de los servicios de los trabajadores para las tareas partidistas, “de nuestro instituto político”, sostenida en tensa entrevista radiofónica (Aserto Radio, en Antena 102.5 FM, 27/IV/16), es de una importancia mayúscula.
Acuña acusó al gobierno de Chihuahua de pretender “desaparecer” al sindicato de Bachilleres debido a que les anunciaron que desaparecerían las comisiones sindicales, tal y como lo establece la reforma educativa.
“Así nos pagan”, dijo un encolerizado Acuña, al informar que él había afiliado al sindicato, al total de los trabajadores (maestros y administrativos) al “Partido Revolucionario Institucional” porque es el partido, sostuvo, que hace posible los progresos que tenemos los mexicanos y que, gracias a esa afiliación, los trabajadores realizan múltiples tareas partidistas, “en beneficio de nuestro instituto político”.
Tal corporativismo se hizo evidente, también, en la declaración realizada, en el curso de la reunión sostenida por los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, con los candidatos priistas al gobierno del estado, Enrique Serrano, y a la alcaldía, Héctor Murguía, por Héctor Cano, secretario del Trabajo del SUTM, quien dijo “que el sindicato ya está decidido a apoyar a Murguía Lardizábal para la presidencia municipal y a Serrano para la gubernatura”, lo que explica el porqué la candidata panista a la alcaldía, Vicky Caraveo, no fue recibida en esa reunión. (Nota de O. Saucedo/M. Giacomán, El Diario, 29/IV/16).
Y si hubiera algún suceso que retratara nítidamente “la crisis terminal” de la actual administración, este es la arbitraria detención del ex periodista y actual candidato suplente de Morena a una diputación por un distrito capitalino, Gabriel Ortega.
¿A quién se le ocurrió, en plena contienda electoral, al igual que el cese de los pagos a los líderes sindicales del Bachilleres?
Lo detuvieron, dijeron después las autoridades prejudiciales, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por la acusación del Secretario de Salud, Pedro Hernández, de haber “producido o editado” una información “falsa o verdadera” que se refiere a la difusión de unos documentos bancarios en los que aparece que Hernández transfería recursos millonarios a una cuenta de la esposa del gobernador Duarte, Bertha Gómez.
Lo liberaron, pero el proceso sigue y ahí se abre una oportunidad de oro para esclarecer los hechos, en cualquiera de los dos sentidos.
Finalmente, en el PAN también sufren lo suyo.
La visita de Felipe Calderón, en medio de una evidente tensión, por los ríspidos diferendos entre éste y Corral, que se apreciaba hasta por el modo en que se comportaban en los actos públicos, en los que la defensa de su gobierno se convirtió en el tema central de sus discursos.
Revivió las heridas acaecidas en el tiempo más aciago para los chihuahuenses. Además, el intento de promover a su esposa, Margarita Zavala, como una mejor presidenta, “mejor que yo”, llevaría a más de uno a gritar ¡No me ayudes, compadre! Especialmente a Javier Corral.
¿No sería una de las respuestas de la extrema derecha al evidente acercamiento de Corral, no sólo a los grupos de izquierda, sino a las posturas ideológicas y políticas de éstos?
[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 4 díason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.
