México padece «las terribles consecuencias» de una regulación internacional de comercio de armas insuficiente para responder a los retos que el mundo enfrenta, como acotar la capacidad de fuego de individuos violentos, terroristas y sobre todo de las organizaciones criminales transnacionales, señaló la canciller Claudia Ruiz Massieu.

Al participar en la segunda conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas (ATT), en Ginebra, Suiza, la funcionaria mexicana puso como ejemplo las consecuencias para nuestro país que resultan de políticas locales en Estados Unidos, que facilitan comprar un arma como lo es comprar un litro de leche.

«Tras la suspensión del embargo de venta para su uso privado, esto dota a las organizaciones criminales de un enorme poder de fuego que afecta tanto a México como a Estados Unidos y lo hace un reto binacional”, añadió.

A nombre del gobierno mexicano, Ruiz Massieu reconoció la voluntad del presidente Obama para establecer medidas administrativas de control de posesiones y ventas de armas.

«Estamos decididos a apoyar las medidas y por ello quiero reiterar el respetuoso llamada que hicimos el 14 de julio pasado ante la OEA, al congreso de Estados Unidos para que sostenga un debate franco constructivo y con una visión regional sobre la prohibición de venta de armas de asalto”, manifestó.

Reiteró la necesidad de «cerrar el paso a mis traficantes de armas» y a quienes comercian con ellas irresponsablemente mediante medidas más estrictas de control de las exportaciones y transferencias de armas, a fin de asegurarse que sean los gobiernos, y no las empresas privadas, que tengan el control y la responsabilidad última sobre estas transferencias.

Enfatizó que los intereses comerciales no deben prevalecer por encima de la seguridad pública.

«México hace un exhorto enérgico para ratificar este documento y dejar claro que papel van a jugar en esta causa particularmente los grandes productores y exportadores».

El Tratado suma a 87 Estados Parte, de los cuales 22 provienen de América Latina y el Caribe. Establece normas internacionales para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales; y prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío.

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