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México

Comprobaremos que Mireles no estaba armado: abogada

Talía Vázquez, abogada de José Manuel Mireles, anunció que comprobarán que el ex vocero de las autodefensas de Michoacán no tenía un arma colgada al pecho al momento de su detención, sino una pierna de pollo en la mano, y que además fue encapuchado y víctima de violaciones a sus derechos humanos.

«Tenemos más de 400 videos y fotografías que nos está mandando la gente que presenció la detención, donde efectivamente el doctor Mireles la única arma que traía era una pierna de pollo rostizado en la mano que se estaba comiendo, no hay manera de que sostengan que estaba con un cuerno de chivo colgando en el pecho», dijo en entrevista con Noticias MVS.

La abogada detalló que en el parte policiaco que se le leyó a Mireles se menciona que traía un «cuerno de chivo» colgando atravesado en el pecho y una pistola Colt fajada, lo cual negó.

Tras la detención de Mireles, la defensa acusó que el doctor fue torturado y encapuchado al momento de su detención, versión que ayer fue negada por el comisionado para la seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que incluso hubo personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría.

Talía Vázquez dijo que efectivamente había personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría, pero no durante la aprehensión ni en el traslado del doctor Mireles Valverde.

«Le vamos a demostrar al comisionado Castillo que sí fue detenido encapuchado el doctor, porque ya tenemos las pruebas, y que sí hay una constante violación a los derechos humanos. Creo que esto es una infamia», enfatizó.

«También vamos a poder probar que no había ninguna Comisión de Derechos de nada ni en la detención ni en el traslado, y que no está mintiendo Mireles, una vez más no está mintiendo Mireles, respecto a las condiciones en las que fue trasladado».

Desaparecen 64 mil pesos

Ayer, el comisionado Alfredo Castillo ofreció una conferencia para detallar la detención de Mireles. Dijo que en su camioneta fueron encontradas armas largas y cortas, cuatro bolsas con mariguana, 30 mil pesos, y documentos sobre depósitos y retiros «importantes» de dinero.

Sobre dicho tema, en la entrevista radiofónica, Talía Vázquez reiteró que el doctor no traía 30 mil sino 94 mil pesos, por lo cual dijo que ahora «desaparecieron» los 64 mil restantes.

Castillo también señaló que se investigarán las cuentas del doctor Mireles para saber el origen de los depósitos y retiros de dinero, y la abogada esta mañana le dijo: «yo el ayudo a investigar».

La defensora explicó que los 94 mil pesos que traía el doctor en la camioneta eran para el pago de dos mensualidades vencidas con un banco, que le autorizó un crédito por 700 mil pesos.

Ese dinero, narró Talía Vázquez, fue transferido a una agencia de autos en la que compró su camioneta blindada, pues para Mireles era vital contar con ella debido a los riesgos en Michoacán. «No hay gato encerrado», dijo.

«Yo le ayudo al comisionado a investigar, que cheque las transferencias y los movimientos de la cuenta del doctor Mireles el día 6 y 7 de mayo, se va a dar cuenta que como entró de una línea de crédito entró a la agencia, y quiénes le transferimos y cuánto, y cuánto quedamos a deber, todo está documentado porque se hace a través de transferencias bancarias».

Él se quedó con la deuda del crédito, «es caro paro el doctor Mireles, porque si es narco es el narco más pobre que he visto (…) debe 47 mil pesos mensuales por ese crédito».

El «virrey» de Michoacán

La defensora lamentó la actuación del comisionado Alfredo Castillo y lo acusó de ser él quien falta a la verdad.

Talía Vázquez acusó que Castillo tuvo antes que la propia defensa el pliego de consignación de Mireles, y que incluso le dio tiempo de revisarlo y preparar su conferencia de prensa de ayer. «No es ni Ministerio Público ni juez y ya tenía el pliego de consignación, nosotros lo tuvimos 6 horas después».

«La batalla está bastante dispareja, porque él no tiene por qué tener el pliego de consignación, él no es funcionario de la PGR, él no es miembro del Poder Judicial, a veces por eso se le dice el ‘virrey’ en Michoacán, a veces actúa como Poder Legislativo, a veces actúa como Poder Ejecutivo y a veces actúa como Poder Judicial, es una irregularidad grave que tenga el pliego de consignación y nosotros no, no lo teníamos en ese momento».

El Universal

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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