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Comprobaremos que Mireles no estaba armado: abogada

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Talía Vázquez, abogada de José Manuel Mireles, anunció que comprobarán que el ex vocero de las autodefensas de Michoacán no tenía un arma colgada al pecho al momento de su detención, sino una pierna de pollo en la mano, y que además fue encapuchado y víctima de violaciones a sus derechos humanos.

«Tenemos más de 400 videos y fotografías que nos está mandando la gente que presenció la detención, donde efectivamente el doctor Mireles la única arma que traía era una pierna de pollo rostizado en la mano que se estaba comiendo, no hay manera de que sostengan que estaba con un cuerno de chivo colgando en el pecho», dijo en entrevista con Noticias MVS.

La abogada detalló que en el parte policiaco que se le leyó a Mireles se menciona que traía un «cuerno de chivo» colgando atravesado en el pecho y una pistola Colt fajada, lo cual negó.

Tras la detención de Mireles, la defensa acusó que el doctor fue torturado y encapuchado al momento de su detención, versión que ayer fue negada por el comisionado para la seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que incluso hubo personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría.

Talía Vázquez dijo que efectivamente había personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría, pero no durante la aprehensión ni en el traslado del doctor Mireles Valverde.

«Le vamos a demostrar al comisionado Castillo que sí fue detenido encapuchado el doctor, porque ya tenemos las pruebas, y que sí hay una constante violación a los derechos humanos. Creo que esto es una infamia», enfatizó.

«También vamos a poder probar que no había ninguna Comisión de Derechos de nada ni en la detención ni en el traslado, y que no está mintiendo Mireles, una vez más no está mintiendo Mireles, respecto a las condiciones en las que fue trasladado».

Desaparecen 64 mil pesos

Ayer, el comisionado Alfredo Castillo ofreció una conferencia para detallar la detención de Mireles. Dijo que en su camioneta fueron encontradas armas largas y cortas, cuatro bolsas con mariguana, 30 mil pesos, y documentos sobre depósitos y retiros «importantes» de dinero.

Sobre dicho tema, en la entrevista radiofónica, Talía Vázquez reiteró que el doctor no traía 30 mil sino 94 mil pesos, por lo cual dijo que ahora «desaparecieron» los 64 mil restantes.

Castillo también señaló que se investigarán las cuentas del doctor Mireles para saber el origen de los depósitos y retiros de dinero, y la abogada esta mañana le dijo: «yo el ayudo a investigar».

La defensora explicó que los 94 mil pesos que traía el doctor en la camioneta eran para el pago de dos mensualidades vencidas con un banco, que le autorizó un crédito por 700 mil pesos.

Ese dinero, narró Talía Vázquez, fue transferido a una agencia de autos en la que compró su camioneta blindada, pues para Mireles era vital contar con ella debido a los riesgos en Michoacán. «No hay gato encerrado», dijo.

«Yo le ayudo al comisionado a investigar, que cheque las transferencias y los movimientos de la cuenta del doctor Mireles el día 6 y 7 de mayo, se va a dar cuenta que como entró de una línea de crédito entró a la agencia, y quiénes le transferimos y cuánto, y cuánto quedamos a deber, todo está documentado porque se hace a través de transferencias bancarias».

Él se quedó con la deuda del crédito, «es caro paro el doctor Mireles, porque si es narco es el narco más pobre que he visto (…) debe 47 mil pesos mensuales por ese crédito».

El «virrey» de Michoacán

La defensora lamentó la actuación del comisionado Alfredo Castillo y lo acusó de ser él quien falta a la verdad.

Talía Vázquez acusó que Castillo tuvo antes que la propia defensa el pliego de consignación de Mireles, y que incluso le dio tiempo de revisarlo y preparar su conferencia de prensa de ayer. «No es ni Ministerio Público ni juez y ya tenía el pliego de consignación, nosotros lo tuvimos 6 horas después».

«La batalla está bastante dispareja, porque él no tiene por qué tener el pliego de consignación, él no es funcionario de la PGR, él no es miembro del Poder Judicial, a veces por eso se le dice el ‘virrey’ en Michoacán, a veces actúa como Poder Legislativo, a veces actúa como Poder Ejecutivo y a veces actúa como Poder Judicial, es una irregularidad grave que tenga el pliego de consignación y nosotros no, no lo teníamos en ese momento».

El Universal

 

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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