La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, Dra. Imelda Carlos Basurto, convocó ayer a representantes de la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, al apoderado legal del ejido Coloradas y las representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar lectura al resolutivo de la Sentencia en el que encuentra procedente decretar la nulidad a las autorizaciones al permiso de Aprovechamiento de Recursos Forestales y Programa de Manejo Forestal Avanzado, otorgado por SEMARNAT al Ejido Coloradas, cuyos representantes son integrantes de la familia Fontes Lugo y Fontes Martínez, quienes tienen el control del Ejido desde hace varias décadas.

El resolutivo también obliga a la SEMARNAT a abstenerse de autorizar, expedir o ejecutar cualquier programa de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos maderables dentro de la superficie en posesión de la comunidad indígena, en tanto le sea garantizado el Derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado, que se reconoce dentro del cuerpo de derechos de los pueblos indígenas contenidos en Convenios y Tratados Internacionales vigentes en México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cabe destacar que la misma Magistrada en resolución anterior, había determinado que la Comunidad no tenía personalidad jurídica para acudir ante el Tribunal Agrario ya que la Ley Agraria sólo reconocía este derecho a los núcleos agrarios (Ejidos y Comunidades Agrarias). Sin embargo, esta resolución fue revertida por el Tribunal Superior Agrario, autoridad que tomó en cuenta la jerarquía jurídica que reconoce, por mandato constitucional, de Convenios y Tratados Internacionales. En concreto esta resolución reconoce que las comunidades indígenas de hecho como es el caso de Coloradas de la Virgen, pueden acudir ante los tribunales agrarios.

La lucha jurídica, social y política que dio la comunidad fue acompañada por Alianza Sierra Madre A.C, organización que trabaja con un enfoque en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Sierra Tarahumara, especialmente en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Finalmente, hacemos un llamado a las instituciones del Estado mexicano de nivel estatal y federal a que garantice el cumplimiento del Estado de Derecho, tanto en el cumplimiento de la sentencia, como en la seguridad de las autoridades y líderes indígena, así como del personal de Alianza Sierra Madre A.C.