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México

Comunidad LGBTTTIQ+ denunció la muerte del “magistrade” como crimen de Estado

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ se manifestaron frente a la Estela Luz en protesta por la muerte del Magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, y afirmaron que no se trató de un crimen pasional, como indicó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes, sino de Estado, y exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

Crimen pasional, mentira nacional», corearon los manifestantes.

Después de una hora de pronunciamientos por parte de la comunidad, que denunció violaciones diarias de sus derechos y actos discriminatorios y mortales en su contra, decidieron marchar hacia el Zócalo para demandar justicia frente al Palacio Nacional.

Carlos Vergara, activista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes carecía de los elementos necesarios para determinar que se trató de un crimen pasional.

     

La comunidad exige que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.

Cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad la Fiscalía tiene la obligación de seguir los protocolos y sólo ha hecho que los medios de comunicación criminalicen a Ociel», lamentó.

Declaración de su ahijade

Johan Fernández, quien afirmó ser ahijade de Jesús Ociel Baena y es asesor de la comisión de diversidad de la Cámara de Diputados, señaló que la Fiscalía toma a la comunidad como personas de segunda clase.

Contó que cuando se graduó de la licenciatura de Derecho, el Magistrado le regaló su vestido, motivo por el cual es su ahijade.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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