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Conceden amparos a conductor de Cabify acusado del feminicidio de Mara Castilla

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Ricardo Alexis “N”, el conductor de Cabify acusado del feminicidio de la estudiante universitaria Mara Castilla Miranda, ganó tres amparos que lo ponen a un paso de ser liberado, aseguró su abogado Tlahuicole Hernández.

El litigante explicó que fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito el que resolvió a favor de su cliente tres recursos de revisión de igual número de amparos, debido a fallas e irregularidades que cometió la Fiscalía de Puebla.

“En estos momentos no existe un proceso por el delito de feminicidio en contra de Ricardo Alexis, sólo queda subsistente el tema de privación ilegal de la libertad, y no se pueden agregar pruebas que fueron declaradas ilegales”, mencionó el abogado.

Mara Castilla Miranda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) de 19 años, desapareció el 8 de septiembre pasado y fue localizada muerta una semana después.

La última vez que fue vista con vida fue después de abordar un taxi Cabify que era conducido por Ricardo Alexis “N”, a quien la Fiscalía detuvo el 12 de septiembre, días antes de que el cuerpo sin vida de la joven fuera localizado.

Hernández explicó que el amparo más importante que obtuvo el inculpado este jueves 14 se refiere a la invalidación del proceso penal por feminicidio, debido a que la Fiscalía inició el proceso por ese ilícito en una carpeta diferente a la que ya existía en contra de Ricardo Alexis por el delito de privación ilegal de la libertad, sin conmutar las carpetas como correspondía.

“Lo que hicieron fue un Frankenstein procesal, y estas son las consecuencias de un mal planteamiento legal de la Fiscalía”, expuso.

Otro de los amparos se refiere a que la autoridad ministerial detuvo a su cliente sin orden de aprehensión al decretar el caso como urgente, pese a que el delito de privación ilegal de la libertad, que en un principio se le imputó a Ricardo Alexis, no está en el catálogo de ilícitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa.

“En caso de que se vuelva a vincular a proceso, tendrá que dictarse una medida distinta a esa o tendrá que justificarse una prisión preventiva no oficiosa, sólo prisión preventiva, pero tendrá que estar debidamente justificada por el fiscal, cosa que no han hecho hasta el momento de los actos y audiencias procesales que se han llevado a cabo”, explicó.

El tercer amparo se refiere a la invalidación de las pruebas que fueron obtenidas de la geolocalización en tiempo real y la obtención de datos del celular del procesado y que fueron usadas para inculparlo.

Según el abogado, estas pruebas fueron declaradas ilegales porque se obtuvieron fuera de término, ante autoridad incompetente e infringiendo el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Estamos a un paso de que sea liberado, y esta resolución ya no puede ser apelada”, subrayó el abogado.

Por la tarde, la Fiscalía General de Puebla emitió un boletín en el que asegura que estas resoluciones no implican que Ricardo Alexis obtenga su libertad.

“La Fiscalía General de Puebla no ha recibido notificación de amparo alguno hasta el momento con respecto al seguimiento”, y enseguida sostiene que “la institución mantiene las acciones jurídicas necesarias que amerita la investigación”.

Fuente: Proceso

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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