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México

Conceden amparos a conductor de Cabify acusado del feminicidio de Mara Castilla

Ricardo Alexis “N”, el conductor de Cabify acusado del feminicidio de la estudiante universitaria Mara Castilla Miranda, ganó tres amparos que lo ponen a un paso de ser liberado, aseguró su abogado Tlahuicole Hernández.

El litigante explicó que fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito el que resolvió a favor de su cliente tres recursos de revisión de igual número de amparos, debido a fallas e irregularidades que cometió la Fiscalía de Puebla.

“En estos momentos no existe un proceso por el delito de feminicidio en contra de Ricardo Alexis, sólo queda subsistente el tema de privación ilegal de la libertad, y no se pueden agregar pruebas que fueron declaradas ilegales”, mencionó el abogado.

Mara Castilla Miranda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) de 19 años, desapareció el 8 de septiembre pasado y fue localizada muerta una semana después.

La última vez que fue vista con vida fue después de abordar un taxi Cabify que era conducido por Ricardo Alexis “N”, a quien la Fiscalía detuvo el 12 de septiembre, días antes de que el cuerpo sin vida de la joven fuera localizado.

Hernández explicó que el amparo más importante que obtuvo el inculpado este jueves 14 se refiere a la invalidación del proceso penal por feminicidio, debido a que la Fiscalía inició el proceso por ese ilícito en una carpeta diferente a la que ya existía en contra de Ricardo Alexis por el delito de privación ilegal de la libertad, sin conmutar las carpetas como correspondía.

“Lo que hicieron fue un Frankenstein procesal, y estas son las consecuencias de un mal planteamiento legal de la Fiscalía”, expuso.

Otro de los amparos se refiere a que la autoridad ministerial detuvo a su cliente sin orden de aprehensión al decretar el caso como urgente, pese a que el delito de privación ilegal de la libertad, que en un principio se le imputó a Ricardo Alexis, no está en el catálogo de ilícitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa.

“En caso de que se vuelva a vincular a proceso, tendrá que dictarse una medida distinta a esa o tendrá que justificarse una prisión preventiva no oficiosa, sólo prisión preventiva, pero tendrá que estar debidamente justificada por el fiscal, cosa que no han hecho hasta el momento de los actos y audiencias procesales que se han llevado a cabo”, explicó.

El tercer amparo se refiere a la invalidación de las pruebas que fueron obtenidas de la geolocalización en tiempo real y la obtención de datos del celular del procesado y que fueron usadas para inculparlo.

Según el abogado, estas pruebas fueron declaradas ilegales porque se obtuvieron fuera de término, ante autoridad incompetente e infringiendo el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Estamos a un paso de que sea liberado, y esta resolución ya no puede ser apelada”, subrayó el abogado.

Por la tarde, la Fiscalía General de Puebla emitió un boletín en el que asegura que estas resoluciones no implican que Ricardo Alexis obtenga su libertad.

“La Fiscalía General de Puebla no ha recibido notificación de amparo alguno hasta el momento con respecto al seguimiento”, y enseguida sostiene que “la institución mantiene las acciones jurídicas necesarias que amerita la investigación”.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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