Conecta con nosotros

Opinión

CONCLUSIONES SOBRE LA MIGRACIÓN MEXICANA (SEGUNDA DE 2 PARTES)

Barack Obama ha dejado en claro que en su segundo mandato de gobierno, la reforma migratoria marcará una nueva época, pues está seguro que es el momento de “sacar de la sombra y llevar a la luz” a los inmigrantes y apresurar una reforma migratoria para el bien de la economía de los Estados Unidos.

Los mexicanos debemos tener claro que una cosa es la reforma migratoria que apruebe el senado de los Estados Unidos, elaborada para defender los intereses de los norteamericanos, y otra cosa muy distinta será el Acuerdo Migratorio que se firme con México… quien sabe cuando.

Desde los años cuarentas México y EU, han firmado una veintena de acuerdos, fundamentalmente orientados a aspectos migratorios, no vale la pena citarlos porque ninguno tuvo un impacto positivo en las condiciones de trabajo de nuestros paisanos. Ni siquiera el Programa Bracero 1942-64, originado por la 2ª. Guerra, que por cierto a muchos de ellos aún les adeudan sus fondos de ahorro.

Todos queremos un acuerdo migratorio que garantice el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales; que les asegure remuneraciones y prestaciones dignas; y, que permita un flujo ordenado de los mismos con legalidad y seguridad. ¿Los senadores vecinos estarán pensando lo mismo?

Estados Unidos podría asumir una conducta social positiva: regular la entrada de inmigrantes con un acuerdo o una ley migratoria federal; controlar el número de inmigrantes; y reconocer sus derechos laborales y humanos.

Los temas de seguridad interna y de legalidad, profundamente arraigados en el espíritu estadounidense, adicionados por el temor a la pérdida de la identidad cultural, inculcados por la hegemonía angloparlante que subyace en las mentes conservadoras, producen un entorno adverso a los objetivos de Obama.
Esto explica también, la actitud anti inmigrantes de un segmento de estadounidenses, principalmente de los blancos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. Pero de ninguna manera se justifica la violación de los derechos humanos y laborales de los indocumentados. Reconocemos y compartimos que cualquier pueblo y nación tiene derecho a proteger sus fronteras, su identidad nacional y establecer reglas de inmigración y regulación de extranjeros.

La emigración mexicana a Estados Unidos, ha dejado un saldo positivo para todas las partes, ya que el crecimiento del sur de aquél país, no se explica sin la participación de los mexicanos, en tanto que éstos, han encontrado fuentes de trabajo, logrando sobrevivir, sí bien, a costos humanos muy elevados.

Lo feo del asunto, es que nuestros paisanos sean utilizados como objeto y no como un fin; que todo ese despliegue colectivo de talentosa y creadora fuerza de trabajo, no se traduzca en niveles dignos de vida, tanto para los trabajadores, como para sus familias en ninguno de los dos países.

Queda claro que lo que suceda con la reforma migratoria que apruebe el Senado de EU, y lo que se logre con el acuerdo migratorio entre ambas naciones, de ninguna manera resolverá las causas de la emigración mexicana…y que por el contrario, recrudecerá el desempleo en nuestro país.

¿Queremos seguir con la vergonzosa e inhumana emigración?, ¿Queremos seguir aumentando el comercio informal?, ¿Queremos seguir aumentando el número de pobres? ¿Queremos seguir al borde de la ingobernabilidad, por la ineficacia del gobierno en el combate a la delincuencia?

Si no queremos todo eso, deberemos de replantear el papel del Estado Mexicano en el desarrollo nacional y su inserción en el contexto externo, incluyendo la revisión del tratado de libre comercio, haciéndolo mas justo y equitativo para los empresarios y trabajadores mexicanos, sobre todo los del campo. kamelathie@gmail.com

20130208-143029.jpg

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto