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México

Condena México decisión de EU de no presentar cargos por asesinato de mexicano en frontera

Expresa el Gobierno de México su más enérgico rechazo a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de no presentar cargos penales en contra del agente de la Patrulla Fronteriza que realizó el disparo que ocasionó la muerte del menor mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca, en un incidente que tuvo lugar en la línea fronteriza de Ciudad Juárez.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su

más enérgico rechazo a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de no presentar cargos penales en contra del agente de la Patrulla Fronteriza que realizó el disparo que ocasionó la muerte del menor mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca, en un incidente que tuvo lugar el 7 de junio de 2010 en la línea fronteriza de Ciudad Juárez.

Ante esta decisión, nuestro país presentó una nueva nota diplomática de protesta al Gobierno de Estados Unidos, subrayando la gravedad de que este lamentable caso no vaya a ser llevado a juicio.

Destaco, en este sentido, que se analizarán detalladamente los términos de la determinación estadounidense a fin de proceder por vías adicionales en los ámbitos bilateral y multilateral, además de que hará uso de todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

La SRE recordó que en enero de 2011 se presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra del agente involucrado, misma que fue denegada hoy con base en la decisión anunciada.

Se?aló que esa determinación no significa que el caso abierto por las autoridades mexicanas esté concluido y afirmó que continúan vigentes los reclamos que los familiares del menor han presentado por la vía civil ante tribunales estadounidenses, contando para ello con la asistencia jurídica y consular necesaria.

El Gobierno de México reiteró que sólo la acción conjunta y coordinada en ambos lados de la frontera elevará las condiciones de seguridad y el bienestar de las comunidades fronterizas, con pleno respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de los dos países.

Informó además que redoblará sus esfuerzos para instrumentar cabalmente estas iniciativas bilaterales y reiteró su enérgico llamado al Gobierno de Estados Unidos para actuar en el mismo sentido.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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