Juan Carlos Moreno Ochoa “Larry” fue sentenciado a 50 años de prisión por el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo, por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

El 18 de marzo de 2020, fue dictado el fallo condenatorio en contra de “Larry” por su participación en el asesinato de la periodista, tras 31 días de juicio oral en el que se desahogaron 50 testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y la asesoría jurídica a cargo de la organización Propuesta Cívica y 6 testigos ofrecidos por la defensa del sentenciado, se logró demostrar la plena participación y culpabilidad de Larry, señalando el juez que “no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia” de Moreno Ochoa.

De acuerdo con un comunicado de Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, a casi 3 años de iniciado el proceso legal, el logro de esta condena ha requerido de un amplio esfuerzo humano y económico, un trabajo constante a cargo de las organizaciones acompañantes, intensa lucha y largo camino recorrido de la familia de Miroslava en búsqueda de justicia y verdad. El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planeación y ejecución del crimen.

De los elementos más destacables del fallo judicial, el juez estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas; también, se logró identificar a un autor intelectual del crimen, se trata de un líder del narcotráfico con nexos políticos; testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual gobierno local en el crimen; un eslabón pendiente en esta investigación.

Esta sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento para la prensa y constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad. La resolución judicial ha sido emblemática, nos encontramos ante el primer juicio por homicidio de una mujer periodista litigado en instancias federales con una sentencia condenatoria y con la aplicación de una pena de 50 años de prisión.

El caso de Miroslava Breach puso a prueba el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio tratándose de comisión de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, así también, demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz.

El caso aún no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra Jaciel “N” otro de los autores materiales, así también, la investigación en contra de los autores intelectuales y esclarecer el posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.

“Los asesinos de Miroslava Breach -dicen las organizaciones- no solo mataron a la madre de dos hijos (uno menor de edad) y parte fundamental de una familia, también mataron una mujer que fue de las voces más críticas del gobierno, mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz, y como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua”.

“Desde Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras somos conscientes de que la exigencia por verdad y justicia continuará hasta que todos los responsables materiales e intelectuales de este reprochable crimen sean enjuiciados”, indican en el comunicado.

Por tanto, las organizaciones aquí firmantes, exigen a las autoridades:

A la Fiscalía General de la República:

Realice las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión pendientes; amplíe y perfeccione su plan de investigación y persecución contra el autor intelectual del homicidio.

Asimismo, que especialice sus líneas de investigación a fin de esclarecer la posible participación y tipo de responsabilidad penal de los servidores públicos que se han visto involucrados a lo largo de esta investigación.

Al mecanismo Federal de Protección:

Siga brindando planes de protección integrales a la familia víctima pues el riesgo de sufrir una agresión sigue vigente.

Al Congreso de la Unión:

Revisar la figura de Facultad de atracción, a fin de que la misma sea concordante con el actual Sistema de justicia penal, estableciendo reglas claras de ejecución por parte de la Fiscalía General de la República, que den certeza a las/los periodistas víctimas y sus familias de delitos por ejercicio de su labor, que evite demoras injustificadas en la investigación y propicie la coordinación entre las fiscalías locales con la Federación.

A los Congreso locales:

Legislar para que en todos los Códigos penales sea incluida una agravante cuando el delito de homicidio sea cometido contra personas periodistas en el ejercicio de su labor.

A la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas:

Cumpla con su función de atención integral a las víctimas indirectas del delito y se atienda su derecho a la reparación de atención integral.

Fuente: Aristegui Noticias