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Condenan a dos meses de cárcel a mujer que cacheteó a su hijo

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Una madre española fue condenada a dos meses de prisión por dar «un par de bofetadas» a su hijo de diez años que se negó a ducharse y además se le ha prohibido acercarse al niño durante seis meses.

Este es el fallo de la Audiencia de la provincia de Pontevedra (noroeste) divulgado este jueves, y que confirma la sentencia emitida el pasado mes de julio por un juzgado de rango inferior de la ciudad del mismo nombre.

La madre, en esa ocasión, recurrió el fallo alegando que su actuación «debe entenderse amparada dentro de su derecho de corrección».

Los magistrados de la Audiencia, sin embargo, ratificaron que el comportamiento de la madre del menor es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito de violencia doméstica, al considerar probado que, en la noche del 20 de mayo de 2018, la mujer, que convivía con su hijo, le pidió que se duchase.

El niño se negó y ambos comenzaron una discusión verbal finalizada por la actuación de su madre, «dándole un par de bofetadas al menor», que le causaron eritemas en ambas mejillas, por lo que el niño recibió atención médica, aunque no necesitó medicamentos posteriormente.

El tribunal enfatizó que la facultad de los padres para corregir a sus hijos tiene como «límite infranqueable» la integridad física y moral de los hijos.

La reprensión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificar el uso de la violencia que ejerció, ni admite, bajo ninguna óptica, considerar esa actuación orientada a su beneficio», manifiesta el fallo judicial.

La pena de prisión, en todo caso, podrá ser sustituida por el mismo tiempo de trabajos comunitarios.

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La mujer no podrá aproximarse a su hijo a menos de 200 metros durante medio año y se le prohíbe, asimismo, la tenencia y porte de armas durante seis meses.

Excelsior

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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