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Condenan austeridad en el mantenimiento del Metro

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México condenó que se hayan aplicado subejercicios presupuestales para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por lo cual instó a que las autoridades locales enfrenten las consecuencias por la política de austeridad.

“Las autoridades capitalinas deben asumir las responsabilidades y consecuencias que trae consigo el no atender temas prioritarios para la vida y seguridad de los ciudadanos”, sentenció la cúpula empresarial la tarde de este martes 4 de abril, derivado del accidente de la Línea 12 del Metro.

El organismo empresarial local detalló que al revisar la información financiera del Metro se encontró que en el 2019 se erogaron 17,224 millones de pesos, en el 2020 14,290 millones y para este 2021 tiene programado un gasto de 15,082 millones, mismo que hasta el primer trimestre lleva ejercido 2,661 millones, lo que representa apenas 17.6 por ciento.

Puntualizó que de acuerdo con la cuenta pública del 2020, se registró hasta 40% de subejercicio en el gasto destinado a materiales y suministros para el mantenimiento.

“El llamado a la austeridad que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México no debe aplicarse en áreas trascendentales y de vital importancia, como lo es el mantenimiento de la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México, pues en lugar de ser un ahorro que haga eficiente el gasto público se ha convertido en una austeridad que mata”, expuso la cúpula empresarial.

La Coparmex capitalina reiteró que las fallas, incidentes y anomalías en el Metro se han vuelto una constante que ha traído como consecuencia la pérdida de vidas de los usuarios y del personal que labora en el STC. Además, es “un atentado a la seguridad de los más de 4.6 millones de personas que lo utilizan diariamente”.

Investigación
El gremio empresarial capitalino también hizo un llamado para que se realice una exhaustiva investigación y se deslinden responsabilidades.

Asimismo, solicitó a las autoridades locales a generar mayor transparencia en los programas de revisión de la infraestructura para que la ciudadanía tenga certeza de cada cuándo se realiza, qué procedimientos utilizan y quiénes son los especialistas encargados.

“Exhortamos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la titular del Metro, Florencia Serranía Soto, a que den máxima publicidad y transparencia a los programas de revisión de la infraestructura del STC para que la ciudadanía tenga certeza de cada cuándo se realiza, qué procedimientos utilizan y quiénes son los especialistas encargados de dar el visto bueno para que las instalaciones sigan brindando el servicio todos los días”, acotó.

“Quienes integramos Coparmex Ciudad de México enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y solidaridad a las que resultaron heridas tras el incidente registrado ayer (lunes 3 de abril) en la Línea 12”, indicó la cúpula privada local.

Fuente: eleconomista.mx

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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