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México

Coneval asegura que 44.3% de los jóvenes se encuentra en situación de pobreza

Fortalecer la oferta educativa y laboral ayudará a erradicar la pobreza en el sector juvenil, señala el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el marco del Día internacional de la juventud, el Coneval informa que la población entre los 12 y 29 años, representa el 30.6% de la población del país, lo que equivale a 37.5 millones de personas; de estas, el 44.3% se encontraba en situación de pobreza en mediciones de 2016.

No obstante, de 2008 a 2016, se redujo el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza extrema, al pasar de 10.1% a 7.3% respectivamente; también, también bajo el porcentaje de muchachos con carencias sociales de 33.9% en 2008 a 29.5% en 2016.

Sin embargo, la población joven presenta diversos retos. En 2016, el 50.6% de los jóvenes contaba con ingresos mensuales insuficientes para cubrir el valor de una canasta alimentaria más bienes y servicios, lo que incluye además de comida, transporte público, educación, cultura y cuidados de salud.

Los jóvenes son uno de los grupos de población con mayores dificultades para insertarse en empleos formales. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9% se encontraban en empleos informales. Respecto a su nivel salarial, más del 50% percibía de uno y hasta tres salarios mínimos; esto equivale a un ingreso entre 2,220 y 6,661 pesos al mes.

Las condiciones laborales precarias no son la única adversidad que enfrentan los jóvenes. Para el cuarto trimestre de 2017, la tasa de desocupación entre los jóvenes era de 5.9%; superior a la tasa nacional (3.3%).

La población no económicamente activa (PNEA) joven está conformada en su mayoría por mujeres (65.9%) de las cuales, 51.1% reportó dedicarse a quehaceres del hogar y 46.3% a estudiar.

Para el caso de los hombres jóvenes que forman la PNEA, 83.1% reportó dedicarse a estudiar y únicamente 5.7% señaló que se dedican a quehaceres del hogar. Estas cifras muestran la persistencia de roles de género relacionados con el uso del tiempo y las obligaciones domésticas entre la población joven.

En 2014, 47.8% de las personas que migraban de México tenían entre 15 y 29 años, de los cuales 64.8% argumenta que se va del país en busca de mejores opciones laborales.

Para el 2015, en el país había 75,446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. Del total de las adolescentes mujeres casadas, 42.8% tenían al menos un hijo y 77.3 % no asistían a la escuela. En el caso de los hombres adolescentes casados la inasistencia escolar era de 56.1%. De esta manera se evidencia que la maternidad temprana altera el curso de la trayectoria de vida de las y los adolescentes y condiciona las etapas posteriores de su vida.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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