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Confesó el asesinato de 16 mujeres; lo procesan por un caso

El presunto asesino serial identificado como Luis ‘N’, confesó al momento de su captura haber matado a 16 mujeres, sin embargo, hasta ahora sólo ha sido vinculado a proceso penal por uno de estos crímenes.

A días de su detención, el presunto responsable de múltiples homicidios escuchó el auto de su vinculación a proceso por el homicidio de R.G.A.F., de 46 años, crimen que fue cometido el 6 de mayo pasado.

De acuerdo con lo publicado por el Periódico ABC, el detenido refirió desde el momento de su captura, el sábado 10 de septiembre, haber privado de la vida al menos a 16 mujeres, pero este es el primero de los crímenes que se lleva ante un Juez.

Todavía están en proceso otras cuatro acusaciones que en corto tiempo estarán listas.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León presentó las pruebas en la audiencia oral y el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso por homicidio calificado en contra del presunto homicida serial.

Por el momento, con esta resolución del Juez, queda sustentada la acusación en contra del sujeto.

En la audiencia celebrada este martes el Ministerio Público sostuvo la acusación e hizo valer las pruebas con las que se atribuye la autoría del crimen de una mujer de 46 años.

Las partes en el juicio tienen un plazo de tres meses, que les dio el Juez para concluir la aportación de pruebas y entrar al periodo del juicio que lleve a una sentencia.

EL ÚLTIMO CRIMEN QUE COMETIÓ

Al ser detenido el 6 de mayo, Luis ‘N’ narró a las autoridades que contrató los servicios de R.G.A.F, quien se desempeñaba como sexoservidora, ella le iba a cobrar 200 pesos.

Una vez acordado el trato, la llevó al Hotel Venecia, donde estuvieron cerca de una hora, pero ella le dijo que ya se quería ir, y eso lo hizo enojar, porque le reclamó que aún no terminaba la hora del servicio.

Eso propició una discusión, él sujetó a la mujer por la espalda y después la golpeó con los puños en la cara hasta dejarla inconsciente, le puso un trapo en la boca y luego la estranguló.

Cuando se dio cuenta que ya no se movía le amarró las manos y los pies, para salir del hotel, ubicado en Mariano Escobedo y Reforma, en el Centro de Monterrey.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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