Conecta con nosotros

Slider Principal

Confirma Tribunal condena de 9 años de cárcel a Javier Duarte, aunque frena decomiso de bienes

Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras considerar que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.

En la resolución de la que Animal Político tiene copia, la magistrada Isabel Porras Odriozola – titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México – concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en un entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.

No obstante, la magistrada revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aun no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

Esta resolución del Tribunal federal es resultado de una apelación que Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del procedimiento.

Originalmente Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que el exgobernador priista se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”. A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retirara el delito más grave que era el de delincuencia organizada.

Pero después la defensa del exgobernador argumentó que las pruebas bancarias en las cuales se sostenía la acusación de lavado de dinero habían sido obtenidas por la Procuraduría, sin el aval de un juez, lo que incluso ha provocado que otros procesados del mismo caso terminen absueltos.

Sin embargo, la magistrada subrayó que fue el propio Duarte el que aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose él mismo la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto.

“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto