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Confirma Tribunal sentencia de 6 años de prisión contra Antonio Tarín García

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, logró que un Tribunal Colegiado integrado por tres magistrados penales del Tribunal Superior de Justicia, confirmara por unanimidad la sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Antonio Enrique Tarín García, por su intervención en hechos de corrupción

Con esta determinación, se resuelve un recurso de apelación interpuesto a la sentencia obtenida por la instancia en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, que fue dictada el 19 de julio de 2019 por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos.

De acuerdo con el Tribunal de Apelación, con la prueba presentada por la representación social, se demostró que durante los meses de julio a septiembre de 2016, Tarín García en colusión con otros servidores públicos, desvió la cantidad de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.

Para dicho fin, simularon una contratación pública de servicios profesionales, que consistió en un proyecto denominado “Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”.

El contrato se efectuó por conducto de la Dirección de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobierno, con la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

Al momento de los hechos, el sentenciado se desempeñaba como presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, le correspondía velar por el buen uso de los recursos públicos.

El Tribunal Colegiado consideró que para la imposición de la condena en cuestión, fueron presentadas las pruebas suficientes para establecer su responsabilidad más allá de toda duda razonable y que durante el juicio se respetaron las garantías del debido proceso.

Los magistrados concluyeron que la sentencia de seis años de prisión, corresponde con el grado de culpabilidad que el imputado representó, al tomar en cuenta el daño causado a las finanzas públicas y el peligro que, con ello, se generó para la prestación de servicios en agravio de la sociedad.

Establecieron además que fue correcto se negara al sentenciado, los beneficios de sustitución de sanciones y la condena condicional.

La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que mediante la Operación Justicia Para Chihuahua, se ha ejercitado acción penal en 117 ocasiones a personas involucradas en hechos de corrupción, se han cumplimentado 85 órdenes de aprehensión, suman 74 vinculaciones a proceso y se han ejercitado 16 sentencias condenatorias.

Además por la vía penal se ha recuperado e ingresado al erario un total de 54 millones 749 mil 773 pesos, derivado del pago de la reparación del daño y 1 millón 178 mil 665 pesos, bajo el concepto de pago de multas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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