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Confirman desaparición de 80 jornaleros en Chihuahua

Published

hace 9 años

May 30, 2017

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) confirmó la desaparición de 80 jornaleros que eran explotados en un rancho ubicado a la altura del kilómetro 7.5 de la carretera que conduce de Camargo al municipio de Jiménez, Chihuahua.
Previamente se informó que en cada ciclo agrícola, los jornaleros y sus familias, del interior del estado y de otros puntos del país, se trasladan a las zonas de producción y ante ello, la STyPS realiza rondines para verificar las condiciones de trabajo de los migrantes.
«En estas inspecciones se revisa que existan condiciones dignas para laborar y que no se den casos de trabajo infantil», indicó la dependencia, al reiterar que los jornaleros migran de un municipio a otro durante dicho ciclo, algunos llevados por un ‘enganchador’ que los contrata y se pone en contacto directo con el productor…»Este fue el caso de los jornaleros agrícolas originarios de Guachochi y Baborigame, (Chihuahua), quienes se alojaron en el albergue «Chuchi Muñoz», ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Camargo-Jiménez, mientras trabajaron en la pizca de cebolla», precisó.
El jefe de Supervisión de la STyPS, José Domínguez, señaló que desde este lunes, su personal visitó el citado albergue, debido a que se recibió una denuncia, en el sentido, de que los 80 jornaleros eran explotados, ya que se les pagaba ‘poco’ y se les cobraba la comida y el transporte.Sin embargo, al llegar a ese lugar, para verificar en qué condiciones estaban viviendo los trabajadores del campo, «el inspector se percató que los jornaleros y sus familias, así como el «enganchador» ya no estaban en el albergue.
«Se trató de localizarlos, pero por la naturaleza de su actividad agrícola, viajaron a otro rancho, probablemente en el municipio de Ahumada, sin que hasta el momento se conozca con certeza el paradero de este grupo de jornaleros», manifestó el funcionario.
El reporte que se levantó en ese albergue, señala que el ‘enganchador’ pagaba a los jornaleros un sueldo diario entre 180 y 200 pesos, pero les descontaba hasta 90 pesos por tres comidas al día, y el transporte de ida y vuelta a su lugar de trabajo.
La STyPS sostuvo que no conoce alguna denuncia por la desaparición de los jornaleros ni sigue su recorrido de un municipio a otro, «pero estará atenta para obtener más información durante sus labores de inspección por diferentes partes del estado.»Esta Secretaría continuará con su función de vigilancia para que las condiciones de trabajo en el campo sean las mejores y no se vulneren los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes», concluyó la dependencia estatal.

Fuente: Milenio

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Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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