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México

Confirman extradición de Roberto Borge para el 15 de enero

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, será extraditado a México el 15 de enero de 2018.

En entrevista para el noticiario Ciro Gómez Leyva por la Mañana, de Grupo Fórmula, el abogado del ex mandatario, Carlos Carrillo, confirmó que las autoridades mexicanas tienen hasta dicha fecha para realizar los trámites de extradición.

«El señor Borge decidió no accionar o presentar ningún tipo de recurso para que la extradición se cumpliera al tenor de lo dispuesto por el tratado, por tales efectos se prevé que antes del 15 de enero del siguiente año, el señor Borge se encuentre en México» explicó.

El defensor aclaró que aún restan algunos pendientes por ajustar como la liberación de documentos por parte de la cancillería panameña para hacer el trámite y que se especifique que el ex mandatario queda a disposición de las autoridades mexicanas.

Recordó que en días pasados denunciaron que Borge se encuentra en condiciones «infrahumanas», ya que ha sido sometido a la violación concatenada de sus derechos fundamentales desde que ingresó a la prisión del país sudamericano.

«Él está ahora mismo en un lugar denominado ‘La Chirola’ que es una cárcel clandestina al margen del sistema penitenciario y que ya la defensa ha presentado la denuncia correspondiente» enfatizó; sin embargo ello no representa afectación alguna al proceso de extradición.

Carrillo dijo visitar al otrora priista entre una y dos veces al día (en días hábiles) por lo que señaló que, a unos días de ser trasladado a México, Borge se encuentra física y anímicamente listo para regresar al país, aunque, dijo, más adelante la defensa brindará más información respecto de su estado de salud.

«Lamentablemente el señor Borge no ha podido tener comunicación telefónica con sus familiares y las únicas visitas que recibe con restringidas, se nos permite hasta un máximo de 45 minutos y se nos graba la entrevista que se hace por audio y video» abundó.

El ex gobernador deberá responder ante la justicia mexicana por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder. Por lo anterior fue detenido el 4 de junio de este año en el aeropuerto de Tocumen, en la ciudad de Panamá, cuando intentaba tomar un vuelo con destino a París, y aunque su defensa comenzó una gran cantidad de batallas judiciales en dicho país para quedar en libertad, el ex gobernador tuvo las de perder agotando todos los recursos posibles para evitar su extradición.

De acuerdo con el diario El Universal, fue el pasado 18 de septiembre cuando la cancillería de Panamá anunció que había aprobado su extradición a México.

Fuente: Radio Fórmula

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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