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México

Confirman multa a Movimiento Ciudadano con 34 mdp por negligencia con padrón

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que Movimiento Ciudadano (MC) usó indebidamente la Lista Nominal de Electores (LNE), lo que permitió que 93.4 millones de datos de los ciudadanos estuvieran disponibles en la red, a través de Amazon Web.

En su sentencia, los magistrados confirmaron la multa de 34.1 millones de pesos al partido MC y a los dirigentes José Manuel del Río Virgen con 33 mil pesos y a Juan Pablo Arellano Fonseca con 26 mil pesos.

A fines de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE)resolvió que MC hizo uso indebido de esos datos e incurrió en un descuido que permitió que los millones de datos de la LNE estuvieran alojados y sin contraseñas en ese portal.

El partido debió mantener esos datos en absoluta confidencialidad pues se trata de nombres, apellidos y datos registrales de los ciudadanos, “por lo que es obligación de los partidos tener el debido cuidado y en este caso no fue garantizado”, expuso la magistrada ponente del caso, Mónica Aralí Soto Fregoso.

Según el partido, para resguardar los datos contrató servicios de almacenaje de Amazon, pero sufrió un “hackeo” y aseguró que el experto Chris Vickery –que en abril de 2016 alertó al INE del caso vía correo electrónico- fue el responsable de esa vulneración.

Ante el TEPJF, Movimiento Ciudadano agregó que los correos electrónicos recibidos por el instituto “no pueden considerarse una denuncia” y que la falta cometida debía estar expresamente establecida en la ley.

Los magistrados establecieron que la LNE era proporcionado a los partidos para sus tareas de vigilancia y revisión del listado, por lo que “almacenar la base de datos de la LNE después de reintegrar el archivo al INE que le fue entregado para su revisión implica un uso diverso que constituye una infracción y amerita una sanción”, pues se trata de datos confidenciales.

Este es el segundo caso en que se sanciona a Movimiento Ciudadano por negligencia en el resguardo de datos del Padrón o LNE, pues en junio de 2017 el TEPJF confirmó la multa de 31.3 millones de pesos impuesta por el INE a éste partido porque por el descuido fue posible que millones de datos se filtraran y estuvieran visibles en el portal buscardatos.com, en 2013.

Fue a raíz de ese caso y luego otro que protagonizó el PRI al filtrar datos de la LNE de Sinaloa en el sitio digitalocean.com, que el INE impuso a los partidos controles de acceso al padrón y Lista de Electores.

Dado que es derecho de los partidos acceder a los datos para auditar el padrón y la LNE, desde entonces el INE sólo les proporcionan claves de elector, sin información de domicilio, y les permite acceso sólo para revisar los listados de manera permanente en centros de cómputo, sin posibilidad de grabar, enviar por internet, imprimir, copiar o almacenar datos.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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