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Congelan cuentas en México a 22 personas y empresas por lavado de dinero tras petición de EU

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 18 de septiembre a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 empresas, como parte de su estrategia internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En respuesta a esta designación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un bloqueo administrativo de cuentas y operaciones financieras, en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cooperación financiera y combate a los recursos ilícitos.

La UIF explicó que la integración de listas internacionales permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional para impedir la entrada y dispersión de capitales de origen ilícito en la economía mexicana. Subrayó que la inclusión de personas o entidades en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no implica por sí misma una resolución judicial ni prejuzga sobre la posible responsabilidad penal de los señalados.

El organismo federal detalló que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas designados. Si se identifican indicios de actividades ilícitas, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.

La UIF insistió en que todas sus acciones se ejecutan dentro del marco legal y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirmó que los bloqueos administrativos responden directamente a la designación de la OFAC y al compromiso de México de colaborar activamente en la prevención y combate de delitos financieros internacionales.

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México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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