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Congelan cuentas en México a 22 personas y empresas por lavado de dinero tras petición de EU

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 18 de septiembre a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 empresas, como parte de su estrategia internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En respuesta a esta designación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un bloqueo administrativo de cuentas y operaciones financieras, en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de cooperación financiera y combate a los recursos ilícitos.

La UIF explicó que la integración de listas internacionales permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional para impedir la entrada y dispersión de capitales de origen ilícito en la economía mexicana. Subrayó que la inclusión de personas o entidades en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no implica por sí misma una resolución judicial ni prejuzga sobre la posible responsabilidad penal de los señalados.

El organismo federal detalló que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera relacionada con los individuos y empresas designados. Si se identifican indicios de actividades ilícitas, se notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.

La UIF insistió en que todas sus acciones se ejecutan dentro del marco legal y buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirmó que los bloqueos administrativos responden directamente a la designación de la OFAC y al compromiso de México de colaborar activamente en la prevención y combate de delitos financieros internacionales.

México

Hacienda rechaza diagnóstico de The Economist sobre economía mexicana

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la economía mexicana esté “rota”, como lo afirmó la revista inglesa The Economist en un reciente artículo, y sostuvo que dicha caracterización sobredimensiona factores coyunturales y minimiza las fortalezas estructurales del país.

El semanario publicó el texto titulado “Mexico’s broken economy”, en el que señaló que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento económico fue de apenas 0.8 por ciento, el nivel más bajo desde la pandemia y el menor entre las principales economías de América Latina.

En respuesta, la dependencia federal indicó mediante un comunicado que este análisis no considera adecuadamente los choques externos que han afectado el desempeño económico reciente. Explicó que la moderación observada en 2025 responde a factores como cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y un ajuste fiscal interno tras el gasto expansivo registrado en 2024.

La SHCP subrayó que los aranceles tuvieron un impacto directo en sectores específicos, particularmente en la industria automotriz, lo que restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, pese a que las exportaciones en su conjunto continuaron creciendo.

Asimismo, cuestionó el análisis sobre la inversión pública presentado por la revista, al señalar que la caída de 28 por ciento citada se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales, lo que consideró una interpretación incompleta de las tendencias reales.

Sobre la informalidad, la Secretaría afirmó que su papel como principal obstáculo al crecimiento está sobredimensionado en el artículo, al destacar que este indicador ha mostrado una tendencia a la baja al pasar de 56.5 por ciento en 2018 a 54.3 por ciento en 2024, con un incremento marginal a 54.9 por ciento en 2025.

En materia de política salarial, la dependencia sostuvo que los incrementos al salario mínimo han contribuido al fortalecimiento del ingreso, con un aumento real superior al 150 por ciento desde 2018 y una reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas.

Finalmente, señaló que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25 por ciento en 2025, lo que ha permitido ampliar la capacidad y confiabilidad del sistema, junto con la implementación de nuevos esquemas para facilitar la participación privada en el sector. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta adicional por parte de la publicación.

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