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Congresistas de EU acusan a AMLO de militarizar México y “abusar de los derecho humanos”

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Congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron al Gobierno de Joe Biden revisar parte de la ayuda de seguridad a México, al considerar que la militarización en el país ha resultado en abusos de derechos humanos, sin conseguir debilitar a los cárteles de la droga.

Este jueves, 4 de marzo, a través de una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 19 legisladores manifestaron su preocupación por el uso del Ejército para tareas de orden doméstico en México y por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, “atacando a defensores de derechos humanos y periodistas”.

“El empeoramiento de la situación de seguridad debería hacer que nos replanteemos ciertos aspectos de la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México”, indica la misiva, firmada -entre otros- por los congresistas con raíces mexicanas Joaquín Castro, Raúl Grijalva, Jesús “Chuy” García, Grace Napolitano y Juan Vargas.

Los legisladores señalaron que “el enfoque excesivo en arrestar a los capos de los cárteles, promovido en ocasiones por Estados Unidos, no ha reducido de forma efectiva la violencia”, sino que “podría haber favorecido una mayor escisión” de esos grupos, “haciendo que sea más difícil detenerlos”.

Además, “el aumento del despliegue de los militares mexicanos para combatir el crimen ha resultado previsiblemente en graves violaciones de derechos humanos y ha fracasado a la hora de debilitar a los cárteles de la droga o reducir el crimen”, agregaron.

Por lo cual pidieron al secretario de Estado identificar “formas de alentar” al Gobierno de López Obrador a “cumplir su compromiso de retirar a los militares de las labores policiales para 2024”, además de hacer frente a los “niveles casi totales de impunidad” por los “niveles récord de violencia de los últimos dos años” en México.

También expresaron su “preocupación por las declaraciones del presidente mexicano atacando a defensores de derechos humanos y periodistas”, y urgieron a Antony Blinken a “plantear constantemente la inquietud” por ese tema al Gobierno mexicano.

Los congresistas confiaron en que el Gobierno de Biden sitúe los derechos humanos en “el corazón de la política hacia México”, y que apoye las investigaciones sobre desapariciones forzadas en el país, para “castigar a los responsables y prevenir la repetición de esos crímenes”.

Fuente: Radio Fórmula

Capital

Gobierno de Chihuahua impugnará liberación del dueño de Crematorio Plenitud

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La gobernadora Maru Campos manifestó su rechazo a la liberación de José Luis A. C., propietario del Crematorio Plenitud, donde en junio de 2025 se localizaron 386 cuerpos sin cremar acumulados en condiciones insalubres, lo que generó acusaciones de fraude hacia familias que recibieron urnas con residuos en lugar de cenizas.

Campos anunció que el gobierno estatal interpondrá recursos legales y presentará quejas ante instancias federales para revertir la decisión de un juez federal del Séptimo Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, que otorgó un amparo al empresario permitiendo su liberación el 13 de febrero de 2026. La mandataria cuestionó los argumentos del juzgador, considerándolos insuficientes frente a la gravedad del caso.

“Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de los chihuahuenses y no puede ser que esto haya sucedido y se le haya dado la libertad por un juez federal al dueño del crematorio”, señaló Campos, y aseguró que impulsarán acciones ante el Tribunal de Disciplina Federal y jueces de alzada para que el responsable enfrente la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dirigida por César Jáuregui, había solicitado la revisión inmediata del amparo, argumentando que los hechos configuran delitos como ocultamiento ilícito de cadáveres y riesgos a la salud pública, y no meras faltas administrativas, como determinó el juez.

El caso del Crematorio Plenitud involucra acusaciones de fraude, manejo indebido de restos y entrega de cenizas falsas por parte de funerarias asociadas, afectando a cientos de familias en Ciudad Juárez. La gobernadora reiteró su respaldo a las víctimas y rechazó cualquier resolución que se perciba como injusta.

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